Quiere, a secas, obtener una autorización para abandonar Honduras y su cautiverio voluntario, burlando la justicia de su país -donde tiene 23 cargos judiciales por delitos políticos y comunes- y ostentando además la calidad de presidente, que le ha sido revocada por la Constitución de su país. Quiere, según sus palabras, salir y tener la libertad para continuar denunciando a su país por la “ingratitud” de haberle aplicado la ley.

Con justicia, el diario mexicano Milenio publica en su edición del jueves 10: “Zelaya embarca otra vez al gobierno de México” haciendo énfasis en la nota de prensa, que tras varias semanas de gestión, el gobierno del Distrito Federal gestionó un salvoconducto que luego el ex mandatario ha negado haber pedido y ahora rechaza cuando se le imponen las condiciones legales correspondientes.

Los salvoconductos, establece el Convenio sobre Asilo Diplomático, suscrito en Caracas el 28 de marzo de 1954 por los países de la Unión Panamericana -hoy OEA- son para asilados políticos, término que no le agradó a Zelaya cuando le fue concedido por el gobierno de transición del presidente Roberto Micheletti.

Declararse asilado político es un tema que desde hace meses irrita al ex presidente, depuesto por las autoridades de su país cuando violó reiteradamente la Constitución para buscar la reelección al cargo de manera ilegal. Según el polémico ex mandatario, aceptar el asilo es admitir que violentó la ley, extremo que aún ahora, él y sus seguidores no admiten. La negación de la realidad, sin embargo, no establece ningún cambio: la Corte Suprema de Justicia hondureña consideró el caso y ordenó la detención de Zelaya y su remoción del cargo presidencial para someterle a juicio.

No será la primera vez que Zelaya pretende hacer su voluntad sin consideración mínima de la ley: llamó a la consulta popular para proponer su reelección, sin tener derecho a ello, pues solo el Tribunal Electoral podía hacer la convocatoria; luego, publicó una orden presidencial para desarrollar el proceso, pese a haber sido advertido por la Fiscalía que eso era ilegal; luego, tomó por asalto junto a una turba de sus seguidores las instalaciones militares donde estaban confiscadas por orden de los tribunales las papeletas y urnas que imprimió en el extranjero para hacer su consulta. Y durante todo el proceso, sustrajo fondos del presupuesto estatal para financiar ilegalmente el movimiento de apoyo a su proyecto de reelección. O sea, que no parece tener la mínima sensibilidad ante la ley.

No extraña entonces que él y sus comparsas despotriquen cuando se le brinda al ex presidente la oportunidad de abandonar el cautiverio voluntario al que está sometido, pero se exige que lo haga de acuerdo a la ley. Al cabo, para la mente egocéntrica y totalitaria de Zelaya, la ley no existe sino para aplicarla contra sus enemigos. Para él y su séquito, ese no es problema; para el resto del mundo, el reto es único: se admite la gestión del tema dentro o fuera de la ley y se definen posiciones en un mundo donde la conflictividad reclama una definición total en este tema: se es legal o ilegal.