En sus reflexiones recuerda que el nuevo presidente de la subcomisión de la Cámara del Hemisferio Occidental, el representante Connie Mack (Republicano-Florida), tiene sus dudas sobre el manejo de la política estadounidense en torno a Honduras y que por ello ha prometido investigar.
Según Cárdenas este es el momento adecuado para celebrar una audiencia sobre Honduras para determinar exactamente lo que la política de EE.UU. tiene la intención de lograr aquí: “¿Es para ayudar a un movimiento aliado más allá de su reciente crisis nacional causada por un presidente canalla que pretendía pisotear la Constitución? ¿O es para forzar a un aliado a poner en peligro su propio ordenamiento jurídico y aceptar de nuevo en un ambiente frágil la fuente misma de su reciente inestabilidad? Suena como una conversación que vale la pena tener – y pronto”.
José Cárdenas es además socio de la firma de consultoría Visión Américas, con sede en Washington. Entre 2004 y 2009, se desempeñó en diversos puestos de alto nivel en el gobierno de Bush realizando trabajos en el área de relaciones interamericanas, incluyendo puestos en el Departamento de Estado de EE.UU., el Consejo Nacional de Seguridad, y la Agencia de Desarrollo Internacional de EE.UU., donde se desempeñó como administrador adjunto para América Latina y el Caribe y supervisó casi $ un mil millones en ayuda al desarrollo de EE.UU. a la región.
A continuación Proceso Digital ofrece una traducción libre del artículo acreditado a Cárdenas:
¿Intenta la administración desestabilizar a Honduras?
Eso es lo que la nueva Presidenta del Comité de Asuntos Exteriores quiere saber. En una carta al Departamento de Estado la semana pasada, la representante Ileana Ros-Lehtinen (Republicana-Florida) expresó su grave preocupación por informes de que el gobierno estaba tratando de presionar al gobierno de Honduras para absolver al desacreditado ex presidente Manuel Zelaya de sus crímenes, que precipitaron la crisis presidencial de 2009.
La representante Ros-Lehtinen escribió: “Es preocupante considerar que la importancia de la relación bilateral entre Estados Unidos y Honduras se vería socavada por los intentos de obligar al gobierno hondureño a tomar medidas que van en contra de sus procesos legales y constitucionales con el fin de allanar el camino para que Manuel Zelaya regrese a Honduras sin enfrentar consecuencias judiciales. ” Ella llamó a la administración a “poner fin de inmediato a todos los esfuerzos que se están realizando para socavar el sistema judicial en Honduras y para presionar al actual gobierno de absolver a Zelaya de sus crímenes.”
En efecto, absolviendo a Zelaya de sus crímenes se abriría la puerta a su regreso, cosa que parece ser la actitud de la nueva administración con respecto a Honduras. En declaraciones muy poco difundidas, en su viaje de 2010 a Tegucigalpa, el Subsecretario de Estado Arturo Valenzuela, dijo que “la reconciliación nacional avanzará aún más cuando Honduras sea capaz de resolver la cuestión del retorno del ex presidente Zelaya para que el país pueda recuperar su lugar [en la Organización de Estados Americanos]”.
Sin embargo, abogar por el regreso de Zelaya no es nada menos que imprudente, y con toda seguridad un retorno a las turbas y la anarquía. Desde su salida del poder, el oligarca convertido en radical-populista no ha mostrado arrepentimiento por sus abusos de poder y por su falta de respeto a la Constitución del país. Ha seguido ondeando una bandera ensangrentada desde el exilio en República Dominicana. Sus acciones de entonces y ahora demuestran que no le importa un pepino poner en peligro vidas hondureñas al servicio de su agenda política.
Zelaya fue sacado del poder en junio de 2009 por orden de la Corte Suprema debido a su continuo desafío a la Corte y al Congreso Nacional al tratar de convocar una asamblea constituyente ilegal para reescribir la Constitución del país (como Hugo Chávez y otros populistas radicales han hecho). Fue arrestado por los militares y – en un intento por evitar la violencia – puesto en un avión y trasladado fuera del país. El sucesor constitucional – la cabeza del Congreso Nacional – se desempeñó como presidente interino hasta las elecciones nacionales en noviembre de 2009 que llevaron al actual presidente Porfirio Lobo al poder.
Los partidarios del Presidente Zelaya – entre ellos Hugo Chávez – calificaron el hecho como un “golpe de Estado”, y exigieron el retorno incondicional de Zelaya al poder. Después de posicionarse primero con Chávez, la administración sabiamente cambió su posición y apoyó las elecciones previstas para Noviembre de 2009 para elegir al sucesor de Zelaya. Se ha estado trabajando asiduamente desde entonces para la reintegración de Honduras en la Organización de Estados Americanos, de donde había sido suspendida bajo la presión de otros gobiernos de izquierda. Pero ahora, parece ser que la política del gobierno ha cambiado de nuevo: presionar para el regreso de Zelaya al país, a pesar de que esa medida sería echar gasolina al fuego proverbial.
La política de la administración sobre Honduras se ha visto aún más confusa por los cables publicados por WikiLeaks. Los críticos del derrocamiento de Zelaya han hecho acopio de un cable firmado por el embajador de EE.UU. Hugo Llorens fechado el 9 de julio de 2009, que sugiere que lo que ocurrió en Honduras fue un golpe de Estado. Ellos han criticado al gobierno por ignorar este análisis y las consiguientes consecuencias que habría implicado. Pero el hecho es que, más que ser una Sagrada Escritura, el cable Llorens sólo plantea más preguntas que respuestas, y está lejos de ser un análisis desinteresado y es más un argumento político.
Una justificación de la ilegalidad del hecho es probablemente lo que Llorens pensó que sus jefes querían escuchar en el momento, pero para hacerlo Llorens debió transformar el desafío muy real de Zelaya a la Corte Suprema de Justicia en meras denuncias y convertir el hecho de que él perseguía, en un intento ilegal, volver a escribir la Constitución del país en una suposición. En cualquier caso, el argumento de la ilegalidad perdió utilidad después de que la administración cambió su posición a favor de elegir un sucesor de Zelaya.
Pero las interrogantes sobre la misión de Llorens en Honduras se levantan a raíz de otros cables filtrados, incluyendo una crítica mordaz a Zelaya por el saliente embajador Charles Ford, un oficial de carrera que sirvió tres años en Tegucigalpa antes de Llorens. Ford llama a Zelaya poco fiable, errático, y bajo la influencia de Venezuela, Cuba, y el crimen organizado, y agrega que “[Él] resiente la existencia misma del Congreso, el Fiscal General y la Corte Suprema.”
A continuación, incluye este estímulo profético: “El último año y medio de la administración de Zelaya será, en mi opinión, extraordinariamente difícil para nuestra relación bilateral. Su búsqueda de inmunidad por las numerosas actividades de delincuencia organizada llevadas a cabo durante su administración provocará que amenace el imperio de la ley y la estabilidad institucional. “
Sin embargo, hasta casi una semana antes del derrocamiento de Zelaya por orden de la Corte Suprema, y aun reconociendo que el “comportamiento errático” de Zelaya estaba conduciendo al país a una profunda crisis y después de ser avisado por un general hondureño de que la situación militar era “intolerable” porque Zelaya había ordenado la organización de una asamblea constituyente ilegal, Llorens sigue creyendo que no se produciría una confrontación inminente.
Son estos juicios y acciones los que seguirán planteando preguntas sobre la política del gobierno con respecto a Honduras y si tiene las herramientas apropiadas para su desarrollo. El nuevo presidente de la subcomisión de la Cámara del Hemisferio Occidental, el representante Connie Mack (Republicano-Florida), por su parte, tiene sus dudas sobre esto último y ha prometido investigar. De hecho, parece el momento adecuado para celebrar una audiencia sobre Honduras para determinar exactamente lo que la política de EE.UU. tiene la intención de lograr allí: ¿Es para ayudar a un movimiento aliado más allá de su reciente crisis nacional causada por un presidente canalla que pretendía pisotear la Constitución? ¿O es para forzar a un aliado a poner en peligro su propio ordenamiento jurídico y aceptar de nuevo en un ambiente frágil la fuente misma de su reciente inestabilidad? Suena como una conversación que vale la pena tener – y pronto.
