Venezuela tiene todo un historial de incumplimiento en torno a sus compromisos internacionales en derechos humanos.
Las formas de desacato han sido desde la desobediencia de las resoluciones, sentencias, medidas provisionales y cautelares, hasta la resistencia a la firma y/o ratificación de nuevos tratados en la materia.
Además, cuenta con retrasos de hasta ocho años en la presentación de informes ante órganos de protección y en varias oportunidades se ha negado o ha obviado las solicitudes de visitas de representantes de órganos de protección al territorio nacional.
Solo entre 2008 y 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó un total de nueve sentencias, todas incumplidas por el Estado venezolano.
El tribunal internacional ha enfatizado esta situación y en tres informes de supervisión de sentencias ha hecho notar que el Estado no ha acatado las decisiones.
Asimismo, ha dictado medidas cautelares en 17 casos, y en la mayoría de éstas el Estado tampoco ha adoptado las disposiciones necesarias para el cumplimiento de dichas solicitudes. Los casos no han sido políticos, como pretende hacerlos ver el Gobierno.
La directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Ligia Bolívar, cuenta que en 2011 se extendió una invitación al relator para el derecho a alimentación y la cita debía concretarse este año, pero hasta la fecha no se ha demostrado la voluntad política de abrirle las puertas a este representante.
“Mucho menos lo hará en el caso del relator encargado de los casos de privados de libertad, torturas o detenciones arbitrarias”, sostiene, al tiempo que recuerda que durante 11 años la Comisión Interamericana no ha podido entrar al país.
Bolívar manifiesta que la informalidad por parte del Estado poco a poco ha ido transformándose. En una primera etapa sólo hacía caso omiso a las recomendaciones y sentencias.
Luego, pasó al desconocimiento de la validez por la vía judicial, declarando inejecutables algunas sentencias con base en una supuesta “usurpación de funciones” por parte de la Corte.
Un ejemplo de esto fue el caso del coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, sobre el cual el Gobierno dijo que no se podía inhabilitar a quien no lo estaba políticamente porque éste militaba en un partido, pero que tampoco se le podía permitir administrar recursos porque estaba demostrado que no lo hacía con transparencia.
Hace poco el canciller Elías Jaua recordó el fallo como “una mera parcialidad a favor de los corruptos”, con el agregado del supuesto exabrupto cometido por el tribunal internacional de ordenar a la Asamblea Nacional reformar la ley contra la corrupción.
La cumbre, sin embargo, es para la socióloga, la detención de la juez María Lourdes Afiuni, por haber basado su decisión de otorgarle una medida de libertad condicional al banquero Eligio Cedeño en una recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraría de las Naciones Unidas.
Hasta ahora el Estado ha ignorado todos los llamados de órganos internacionales y regionales de protección de derechos humanos exigiendo su libertad inmediata e incondicional.
LIBERTAD DE PRENSA EN PELIGRO
Durante el último Examen Periódico Universal, hecho en octubre del año pasado, los Estados formularon un total de 199 recomendaciones a Venezuela, de las cuales el 41,2%, según el Estado, fueron aceptadas o afirmó que habían sido implementadas o que estaban en proceso de implementación.
Las encomiendas que fueron rechazadas con más ahínco tuvieron que ver con la libertad de expresión, y las referentes a los derechos de los privados de libertad, independencia del Poder Judicial y protección de defensores humanos casi en su mayoría fueron negadas.
Después del EPU fueron canceladas las visitas de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
Se produjeron nuevos ataques y descalificaciones al sistema interamericano de protección y a defensores de derechos humanos; y se mantuvo una política exterior de apoyo a regímenes cuyo comportamiento en materia de derechos humanos ha sido ampliamente cuestionada por la comunidad internacional.
VISITAS SOLICITADAS
En el informe del grupo de Trabajo del EPU sobre la respuesta del Estado a las recomendaciones formuladas, Venezuela fue categórica sobre su poca disposición a recibir en el país a representantes de los procedimientos especiales.
Estos son los órganos que han pedido visitar al país, sin obtener respuesta afirmativa: Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión (visita solicitada en 2003 y 2009).
Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (visita solicitada en 2006 y 2008).
Relator Especial (anteriormente Representante Especial del Secretario General) sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (visita solicitada en 2007 y 2010).
PRESENTACIONES DE VENEZUELA A LOS ÓRGANOS DE TRATADOS
La directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Ligia Bolívar, manifiesta que el Estado ya se ha puesto al día con algunos de los informes que tenía atrasados, pero falta que se concreten los exámenes.
Este es el estatus actual: Comité de Derechos Civiles y Políticos (llamado Comité de Derechos Humanos): Venezuela sería examinada en marzo 2015.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: El informe está entregado pero el examen no ha sido calendarizado, probablemente será después de 2014.
Comité contra la Discriminación Racial: Venezuela fue examinada 15 de agosto 2013. En este caso, las autoridades y la Defensora del Pueblo coincidieron en que Venezuela salió muy bien parada en su presentación. Sin embargo, observadores independientes manifestaron algo muy diferente.
Además de cuestionar la salida de Venezuela de la Corte Interamericana, rechazaron que no se hubieran tomado en cuenta un número importante de recomendaciones hechas en 2011.
También alertaron sobre la falta de estadísticas judiciales sobre denuncias y condenas de delitos relacionados a la discriminación racial.
Comité contra la Discriminación de la Mujer: El informe está entregado pero el examen no ha sido calendarizado, probablemente será después de julio 2014.
Comité contra la Tortura: El informe está entregado pero el examen no ha sido calendarizado, probablemente será después de noviembre 2013.
Comité de los Derechos del Niño: Fueron entregados y la revisión de los 3 informes de Venezuela (a la convención y a los dos protocolos) será en septiembre-octubre 2014.
CONVENCIONES NO RATIFICADAS
Al momento, Venezuela no es parte de los siguientes instrumentos de protección de derechos humanos: ·Protocolo Adicional en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)
·Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad ·Protocolo facultativo sobre los derechos de las personas con discapacidad.
·Protocolo facultativo contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ·Protocolo facultativo sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
·Protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. ·Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares ·Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
·Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo·Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados ·Convención para Reducir los Casos de Apátridas ·Convención sobre el Estatuto de los Apátridas.
