El gobierno del presidente Evo Morales desató una ofensiva jurídica contra líderes y prefectos de derecha -incluyendo un ex candidato presidencial-, con denuncias ante la justicia ordinaria y amenazas de encarcelamiento, calificada por los afectados como persecución política.

Si a comienzo de diciembre Morales prometió cambiar la ley para llevar a la cárcel al ex capitán Manfred Reyes Villa (su contendor en la elección presidencial), ayer una ministra anunció una demanda contra el prefecto del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, considerado el principal opositor del mandatario. En ambos casos el gobierno les imputa malos manejos financieros.

Opositores se esconden

Reyes Villa se oculta desde la semana pasada argumentando que si se presenta ante la justicia, para responder por manejos económicos de su época de prefecto del central departamento de Cochabamba, será detenido.

El lunes Reyes Villa se comunicó con el influyente diario La Razón para decir que se encuentra en “algún lugar de Bolivia” y que se declara como un “perseguido político”.

“No tengo miedo, pero sí preocupación por la forma en la que está actuando el gobierno, una persecución política que tiene un solo objetivo: ver a Manfred Reyes Villa detrás de las rejas”, afirmó el líder de derecha. “Tengo amigos fiscales quienes me dicen lo siguiente: ‘ya no hay tema jurídico que valga ante esta arremetida que lanzó Evo Morales. El presidente dijo que va a cambiar la justicia para tomarme preso”, agregó Reyes Villa.

Ayer el presidente Morales negó que exista una persecución contra el dirigente político e indicó que la acción contra éste “es responsabilidad de la Justicia, la obligación del gobierno a través del Ministerio de Corrupción es denunciar”, y señaló que “el que nada tiene nada teme”. Por otra parte, este martes el Ejecutivo presentó ante la Fiscalía General una demanda contra el prefecto del departamento oriental de Santa Cruz, el opositor Costas, por utilizar fondos públicos para impulsar un referendo popular sobre autonomías regionales en 2008, que el gobierno consideró ilegal.