Ningún país latinoamericano ha vivido una situación igual. Además del conflicto abierto que el estado mantiene desde 1964 con el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha de sumarse la importancia adquirida progresivamente por el narcotráfico y el crimen organizado. Dos problemas que no deben verse por separado sino entrelazados, ya que las FARC encontraron, desde hace años, en el narcotráfico una forma de financiación.

Pese a la persistencia de la guerrilla, hay una importante corriente de opinión que entiende que ésta ya no es la principal amenaza a la seguridad nacional. El principal problema radica en este momento en el crimen organizado, que igualmente se nutre muy particularmente del narcotráfico. Muchos, quizás de manera un tanto precipitada, encuentran que el conflicto guerrillero está llegando a su final y son las bandas criminales las que se han convertido en el principal problema de seguridad. Más allá de la persistencia o del final de la guerrilla y de la experiencia que su combate ha proporcionado a las FAS colombianas, éstas también han adquirido una gran experiencia en el combate al crimen organizado. Una experiencia que pretenden divulgar en la región. De acuerdo a esa intención, ya bajo la presidencia de Uribe se desarrolló un programa de asesoramiento para combatir el narcotráfico, que se lleva a cabo en 14 países de la región. No obstante hay un plan más ambicioso, y como ha adelantado el Ministro de Defensa colombiano, Rodrigo Rivera, si hasta ahora esta asistencia se basaba en “peticiones de naciones caso a caso”, la administración de Santos tiene interés en desarrollar un “plan con lógica estratégica y un portafolio de servicios” en materia de tráfico de drogas, armas, explosivos, personas, precursores químicos y lavado de dinero.

Ahora bien, por innegable que sea la experiencia de las FAS colombianas y los efectos positivos que pueda tener la intención de Colombia en transmitirla al resto de la región ¿se puede calificar el caso colombiano como “exitoso”?, tal y como el secretario Gates insiste en afirmar. Hay varios aspectos que obligan a matizar este supuesto.

Más allá de que sea la guerrilla o el crimen organizado quien recurre al narcotráfico, lo cierto es que tanto éste, como la violencia que genera a su alrededor, son la principal amenaza actual. Siendo así, ¿se aplican las adecuadas políticas públicas para su erradicación? En otras palabras, ¿la eficacia operativa de las FAS colombianas y la represión son suficientes para eliminar las causas que favorecen el narcotráfico? Sin duda no se debe prescindir de esta herramienta, pero no sólo un buen adiestramiento de las FAS garantiza la solución del problema. El mismo ejemplo colombiano así lo demuestra. Pese a la pericia y destreza de sus militares, Colombia no logra acabar ni con la guerrilla (aunque se haya avanzado mucho en este aspecto), ni con el crimen organizado, ni con el narcotráfico. Lo cierto es que, pese a las cifras de erradicación de cultivos, decomiso de pasta y cocaína, el mercado de consumidores sigue abastecido y no parece que estos avances sean suficientes para desarticular tan lucrativo negocio.

El potencial operativo de las FAS no es suficiente. Se requieren de potentes políticas públicas que aseguren la presencia del estado en todo el territorio, y no sólo para reprimir, sino para contribuir a la erradicación de los problemas sociales que alimentan esta amenaza. Cuando Colombia logre desarrollar plenamente también esta faceta, entonces es cuando se podrá afirmar con rotundidad que estamos ante un “caso realmente exitoso”.