Embestida contra la prensa libre
En el discurso de investidura del pasado 10 de diciembre, tras su reelección con más del 54 por ciento de los votos, la presidenta Cristina Fernández reconoció que para ella era «un ejercicio militante leer los diarios». La viuda de Néstor Kirchner no está contenta con lo que se publica de su gestión. La jefa del Estado, en rigor, lo que está es muy disgustada con los periódicos, semanarios, emisoras de radio, canales de televisión y aquellos periodistas que ejercen la profesión con un sentido crítico.
En esta legislatura, si nos fiamos de sus primeras medidas, parece estar determinada a poner fin a su sufrimiento. El primer día hábil después de jurar el cargo mandó un proyecto, que ya es ley, para declarar de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel de periódico que hoy está en manos del Estado (accionista minoritario), el grupo «Clarín» y «La Nación» (mayoritarios), por medio de una empresa mixta llamada Papel Prensa.
Poco después, a mediados de enero, comenzaron a anunciarse los cupos a la importación de papel. A juicio de Adepa (Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina), esos «cupos configuran una amenaza a la libertad de expresión y pueden ser usados como herramienta de presión editorial o censura indirecta».
Policías en Cablevisión
En este joven 2012 se produjo también un hecho asombroso: medio centenar de gendarmes irrumpieron en las oficinas de Cablevisión (distribuidor de canales por cable de «Clarín») como consecuencia de una denuncia presentada por el grupo oficialista Vila-Manzano. La secuencia de hechos forma parte de la serie de embestidas a los medios de comunicación por parte del kirchnerismo, que arrancó durante el primer mandato de Cristina Fernández en 2007.
Los antecedentes son una ley de difusión recurrida en la Justicia, un desembarco espectacular de inspectores de Hacienda en las sedes de ese diario y de otros no «K», y sucesivos bloqueos a la distribución de la prensa no adicta por grupos afines al Gobierno. También la suspensión de una licencia de Fibertel, señal de internet de «Clarín». «Lo que el Gobierno quiere es que “Clarín” y “La Nación” desaparezcan. A partir de ahí van a comenzar un apriete mayor a los que queden y después no va a poder volar una mosca», dijo la diputada y exministra de Fernando de la Rúa Patricia Bullrich.
Jorge Lanata, fundador del periódico «Página 12» —periódico históricamente crítico con el poder y hoy uno de los grandes defensores del Gobierno de Cristina Kirchner—, observa: «Ven la prensa como elemento de distorsión social. Hay bastantes similitudes con lo que sucede en Venezuela».
En entrevista con la periodista argentina Natasha Niebieskikwiat, Lanata, apedreado durante una mesa redonda por seguidores del Gobierno, añadía: «Pero en Venezuela las grietas son más grandes que en Argentina».
El falso cáncer de la presidenta y sus veinte días de reposo no han restado ímpetu al Gobierno en su «gesta» contra los medios de comunicación. La batalla continúa y salta a la vista en la calle, en los despachos oficiales y en los sitios más inesperados. El vicepresidente, Amado Boudou, conocido por su afición al rock y las motos y por estar en la lupa de un caso de corrupción, se enfundó una camiseta en este caluroso verano austral con la leyenda «Clarín miente» y, guitarra en mano, se puso a cantar. En la sede de la Secretaría de Comercio Interior y Exterior, carteles de similar tono adornan las paredes o se esparcen por las mesas. Empresarios nacionales y extranjeros, así como embajadores que, de cuando en cuando, tienen unas palabras con Guillermo Moreno, el hombre fuerte del Gobierno, están acostumbrados a la escena.
como era de esperar ustedes que gritan libertad de exprecion , primero revisan que pulicar
me pagan bien boludo