Las comisiones de Micheletti y de Zelaya acordaron el jueves pasado, con la mediación de Thomas Shannon, subsecretario de Estado de EE UU, que fuera el Congreso el que dirimiera ese punto, que empantanó las negociaciones que buscaban poner fin a la crisis política.
El acuerdo firmado contiene 12 puntos que se refieren a la conformación de un gobierno de unidad, la renuncia a convocar a una asamblea nacional constituyente, el reconocimiento de las elecciones y de las autoridades electas y el traspaso de las Fuerzas Armadas a la dirección del Tribunal Electoral.
Asimismo, la conformación de una comisión de la verdad y otra de verificación del cumplimiento del acuerdo y renunciar a la amnistía y a una moratoria. También piden a la comunidad internacional suspender las sanciones contra Honduras y reconocerlo en el ámbito internacional.
También se conformó un calendario del cumplimiento del acuerdo, agradecimientos, una declaración final que compromete a ambas partes a cumplir y respetar el acuerdo y un punto relacionado a la vigencia que señala que mañana, 2 de noviembre, se realizará un acto público para efectos protocolarios y ceremoniales donde se firmará el documento.
Las posiciones
El vicepresidente del Congreso Nacional, Ramón Velásquez, reiteró que si la decisión de los diputados fue sustituir a Zelaya, no se debería pensar en retornarlo a su cargo.
Él se basa en el hecho de que si las circunstancias que obligaron a quitarlo del cargo son las mismas hoy día, entonces sería ilógico que el Congreso cambie de opinión. “Absolutamente, esa es la posición que vamos a mantener”, dijo el parlamentario del partido Demócrata Cristiano.
Velásquez consideró que el presidente del Congreso, José Alfredo Saavedra, “pronto” convocaría a los legisladores a debate. Se calcula que el martes el Congreso estaría conociendo el documento que remitieron las comisiones de Micheletti y de Zelaya.
Debió ser la Corte
Pese a que el acuerdo manda que sea el Congreso el que dirima el asunto, dijo que “la restitución de Zelaya es un aspecto legal y el Congreso es una institución eminentemente política… (por eso) tener en nuestras manos un informe de la Corte Suprema de Justicia nos da la visión jurídica del asunto”.
Por su lado, el diputado nacionalista Juan Orlando Hernández coincidió con Velásquez al afirmar que el asunto de Zelaya es más jurídico que político y subrayó que él hubiera preferido que hubiese sido la Corte la que lo definiera.
Hernández contó además que ya han comenzado a recibir presiones. “Es necesario que al Congreso se le dé el espacio para analizar sin presiones de ninguna naturaleza”.
Nelson Licona, de la comisión de campaña de Elvin Santos y aspirante a diputado, señaló que los nacionalistas estaban allanando el camino para decidir en el Congreso la restitución de Zelaya. “Hay una clara alianza”, acusó Licona.
Hernández negó esa alianza y calificó esos señalamientos como un acto de desesperación del Partido Liberal, por estar abajo en las encuestas. Hernández advirtió que “no tolerarán presiones”. La resolución del Congreso será inapelable y deberá ser aceptada por las dos comisiones. El Congreso puede restituir a Zelaya o puede descartar esa posibilidad.
Por otro lado, se informó extraoficialmente que el secretario de Defensa, Colin Powell, y el ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, estarían formado parte de la comisión de verificación. Ellos dos serían los propuestos por la Organización de Estados Americanos (OEA), que se estarían sumando a los dos propuestos por la comisión de Zelaya y Micheletti.
