La crisis en la Policía Nacional podría tener consecuencias graves, incluso en el sistema democrático, vaticinó ayer Leo Valladares, excomisionado de los Derechos Humanos en Honduras.

Para este analista, la intervención y saneamiento de la Policía son necesarios, en especial cuando se ha informado que incluso uno de los miembros de la cúpula policial ha sido investigado por sus nexos con el narcotráfico.

“Para mí solo hay un límite para sanear la Policía: la voluntad del poder político”, dijo Valladares.

Sin voluntad política, advirtió, cualquier proceso que se emprenda no servirá para cortar el mal de raíz.

En ese sentido, “el sistema está a prueba”, analizó. De tal manera que si el sistema falla en esta prueba de limpiar la Policía Nacional “vendrá el caos y del caos solo se sale con la imposición del más fuerte, entonces ¿quién será el más fuerte? ¿La delincuencia o el poder público, el poder democrático? es decir que está en juego nuestra democracia y aunque sea incipiente, es un sistema que ha ido caminando”.

Valladares coincidió con la postura de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, que estima que el tiempo para intervenir la Policía se está acabando.

“Yo me preguntó ¿qué está pasando en este momento en el seno de la Policía? ¿Qué ajustes se están haciendo? No lo sabemos, no hay confianza”, argumentó.

Dijo que la intervención extranjera no implica que una persona del exterior vendría a ocupar la dirección de la Policía, tampoco la titularidad del ministerio de Seguridad.

Se trata, explicó, de que tienen mayor experiencia en el combate al crimen organizado, aplican verdaderos castigos a los policías de sus países que rompen la ley, es decir que cuentan con métodos y conocimiento para imponer procesos de saneamiento.

Esa sería una de las mejores alternativas, sobre todo cuando a casi un mes desde que se evidenció la crisis en la Policía “no he visto una voluntad firme, tampoco hechos concretos” a nivel interno para sanear la institución, lamentó.

Esta es la peor crisis

German Leitzelar, diputado del Congreso Nacional y miembro de la Comisión de Seguridad, coincidió en que “el problema interno de la Policía es grave”. Analizó que “un Estado sin tener control de los órganos de fuerza no es un Estado que pueda controlar la ley ni el orden público ni la paz”.

En ese sentido, el diputado considera que es necesario apoyar el proceso de depuración mediante la intervención de una comisión. Leitzelar estimó que la depuración de la Policía “es, frente al crimen organizado, una situación más difícil de las que se han enfrentado en el pasado”.

El diputado analizó que la corrupción no solo existe en la Policía, es un problema que agobia a otras instituciones, lo que evidencia aún más la gravedad de la situación. En ese sentido planteó que “el asunto de la Policía no es un asunto de gobierno, es un asunto de Estado, es decir que no es un problema de cuatro años, sino de la continuidad del proceso de depuración”.

Un programa de saneamiento no es “quitar a uno y poner a otro, es un problema más profundo que se enmarca en tres cosas: ingreso de los agentes al cuerpo, la conducta y la actividad de sus agentes en sus funciones y un sistema de retiro y protección del policía”.

Leitzelar consideró que la depuración del cuerpo policial debe hacerse bajo dos esquemas: “Un esquema de limpieza y un esquema de organización, pero en este momento la crisis es tal que debe intervenirse la Policía para limpiarse y después aplicar las medicinas para recuperar el cuerpo y estructurar el fortalecimiento del cuerpo policial”.

Hay que investigar a todos los policías, incluyendo al ministro

Para Leo Valladares, excomisionado de los Derechos Humanos de Honduras, se debe investigar desde al policía más humilde que está en una esquina hasta los comisionados generales y al mismo secretario y subsecretarios de Seguridad.

“No se puede tolerar la existencia de redes de delincuentes dentro de la Policía y por eso se debe investigar a todos”, argumentó.

El excomisionado ha sugerido, como primera medida, que todos los miembros de la Secretaría de Seguridad deben hacer una declaración jurada de bienes ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSE).

De esa manera existiría un registro de sus posesiones que permitiría a las instituciones contraloras tener un punto de partida para evaluar e investigar.

El excomisionado también planteó la necesidad de detallar cómo se van a integrar organismos como la Unidad de Investigación y Seguimiento (que sustituyó a Asuntos Internos) que investigará a la Policía.

A su juicio, el Estado debería centrar sus esfuerzos en hacer que los organismos ya creados funcionen, y no estar “creando cosas que incluso pueden atentar contra principios constitucionales; veo que hay premura, pero no un plan integral sobre el tema”.

Para el diputado del Congreso Nacional German Leitzelar, estas instituciones que se han creado a iniciativas legislativas son un paso importante para comenzar un verdadero control de vigilancia sobre la Policía y otras instituciones.