Las mujeres llegan cuando quieren, en las neveras hay comida fresca de mar, se toma whisky «Sello Azul», hay dos gimnasios y contratan a las mejores masajistas. Con estas ventajas viven unos 40 políticos en La Picota, una de las cárceles de mayor seguridad que hay Colombia.

Desde 2005, cuando la justicia colombiana envió a prisión a 60 políticos que habían hecho acuerdos con los paramilitares de extrema derecha, poco o nada se sabía de sus vidas. Pero esta semana el portal de internetcontó con lujo de detalles cómo fue la fiesta del cumpleaños del ex senador Juan Carlos Martínez.

Fueron 34 los invitados a una fiesta que duró casi dos días. Alexis Lozano, director de la orquesta Guayacán, amenizó la reunión. El menú llegó a la cárcel en BMW enviados por los mejores restaurantes de Bogotá, la capital. El preso y sus invitados comieron coctel de camarones, arroz con mariscos y costillas de cerdo. ¿Qué está pasando con estas condenas?

Hace décadas que los colombianos tienen claro que el dinero todo lo corrompe. Cuando el capo Pablo Escobar fue arrestado en 1991, él mismo se mandó a construir La Catedral, como bautizó su cárcel. Había gimnasios, lujosas salas, saunas. Escobar vivía en un palacio de lujo que manejaba a su antojo. El capo, asesinado en 1993, les pagaba a los policías y el Estado prefirió hacerse el de la vista gorda.

Los llamados presos para-políticos entraron a la cárcel con varios beneficios dado su estatus. Tenían habitaciones para ellos solos, cocinas propias y recibían más visitas que un preso normal. Disponían de computadores y de teléfonos. Hasta Mario Uribe, el primo del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), estuvo preso y pidió perdón por haberse reunido con estos escuadrones de la muerte que incluso usaron hornos crematorios para desaparecer a sus víctimas.

100.000 presos

Tras la historia de la fiesta que duró dos días, se supo cómo muchos de los reclusos pasaban más tiempo por fuera de la cárcel que adentro, con el argumento de acudir a citas y tratamientos médicos y odontológicos. El ex gobernador y ex embajador en Chile, Salvador Arana, salió por ejemplo 40 veces. Se le vio en cafés y en centros comerciales. Arana está acusado no solo de haber patrocinado a los paramilitares, como se llamaban estos escuadrones de la muerte que combatían a las guerrillas, sino que incluso está tras el asesinato de un alcalde.

«Acá no hay reglamento que valga. Acá lo que importa es la plata y el poder. Y la mayoría de los que están acá tienen los dos y con eso pueden hacer lo que quieran», le contó a la revista Semana un guardián del patio de la parapolítica. «Si usted trata de hacer cumplir las reglas, el senador, el representante o el ex gobernador simplemente llama al ministro o a un alto funcionario de la Casa de Nariño (sede presidencial), quien a su vez llama al director del Inpec (el instituto que regula las prisiones en Colombia), que a su vez llama a la directora de la cárcel, que a su vez ordena a la guardia que deje hacer al interno lo que quiera», agregó.

Por eso para los analistas esa combinación de dinero y poder político hará que poco cambie el sistema carcelario en Colombia. En este instante hay más de 9 mil procesos y quejas que tienen hasta cinco años sin moverse. De ese total, 3.836 son expedientes abiertos y 4.992 quejas. Con 34 sindicatos, según un diagnóstico entregado al Gobierno, el instituto carcelario colombiano es casi inmanejable. A eso hay que sumarle que hay sólo 10 mil guardianes para unos 100 mil presos. Ellos tienen sueldos bajos y pocas posibilidades de ascenso (la carrera penitenciaria está estancada hace años), lo que incrementa los riesgos de corrupción.