El gran reto que tienen el gobierno de Juan Manuel Santos y las administraciones locales y departamentales en este año que apenas comienza es el de la seguridad. No hay otro. Los indicadores con que terminó el 2011 muestran que, pese a los grandes esfuerzos que han hecho las autoridades, es mucho lo que hace falta para garantizarnos a todos los colombianos la integridad y la vida.
En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, sus habitantes se quejan a diario del accionar impune de bandas y bandolas que hacen lo que les viene en gana sin que nadie las meta en cintura. Son verdaderas organizaciones criminales que actúan a sus anchas y han logrado aterrorizar a los ciudadanos del común, quienes no disponen de los recursos ni las influencias para tener su propio cuerpo de seguridad, y que es la inmensa mayoría.
En Bogotá, el nuevo alcalde Gustavo Petro anunció el desarme de la ciudadanía, pero no dijo cómo pensaba acabar, o por lo menos neutralizar, el accionar de los grupos ilegales que –ellos sí armados– atracan y someten todos los días a los ciudadanos de a pie. En Medellín, las autoridades parecen desbordadas por el hampa y lucen impotentes ante su arremetida. De hecho, el gran issue de la pasada campaña electoral en la capital antioqueña fueron la seguridad y las propuestas de los candidatos para disminuir los indicadores de violencia. Lo propio pasa en Cali, donde tampoco hay autoridad que enfrente a los maleantes. En Barranquilla no hay día en que no se registre un atraco callejero o un asalto a mano armada en contra del ciudadano del común. Hay barrios prácticamente sitiados, donde nadie se atreve a llegar por temor a morir a manos de los asaltantes.
Pero en el tema de la seguridad hay otro asunto que debe ser atendido con urgencia y eficacia, pues amenaza con convertirse en el gran dolor de cabeza de las administraciones locales y departamentales: el accionar de las llamadas bacrim, cuya osadía las llevó, incluso, a decretar ‘paros armados’ en Córdoba y Santa Marta, como si se tratara de territorios dominados y controlados por ellas.
Las autoridades civiles, de policía y militares no pueden darse el lujo de permitir semejante medida de aceite. Si las bacrim están en capacidad de declarar ‘paros armados’, entonces apague y vámonos, pues ello significa, ni más ni menos, que, en efecto, son ellas quienes tienen el control.
El caso de Córdoba es dramático. En estas vacaciones, los delincuentes asaltaron las cabañas de varios turistas que llegaron supuestamente a descansar y que terminaron viviendo un verdadero suplicio. Y lo peor: cuando acudieron a las autoridades para denunciar los hechos solo encontraron como respuesta voces de resignación. En otras palabras: “Miren a ver qué hacen y defiéndanse como puedan”.
De manera que si las autoridades no se pellizcan y se ponen las pilas, la “Prosperidad para todos” que ofreció el presidente Santos podría vivir en 2012 uno de sus peores años. O las autoridades reaccionan y someten a los bandidos, o los dejan actuar impunemente. Ellas tienen la palabra.
