Reino Unido, con las cárceles a rebosar, plantea castigar a los criminales con no ir al pub o al fútbol
El sistema penitenciario británico cuesta 300.000 millones de libras al año, lo que supondría un 6,5% del PIB.
Reino Unido tiene un problema cada vez mayor en cuanto al aforo de sus prisiones: ya en septiembre del pasado año, el Gobierno británico tuvo que liberar a 1.700 presos condenados por delitos leves mediante una norma que condicionaba a los presos encarcelados por delitos que no fueran ni sexuales graves, ni terrorismo, ni violencia doméstica; y que hubiesen cumplido, al menos, el 40% de su condena.
Sin embargo, ahora, una comisión independiente ha apelado a una solución más original: castigar a los delincuentes como lo hacían los padres con los hijos, no dejándolos asistir a aquellos eventos que les gustaban. Así, Reino Unido se está planteando sustituir las penas de cárcel por restricciones específicas que prohíban a los condenados a asistir a pubs y eventos deportivos o sociales.
Todo ello, con el objetivo de reducir el número de presos recluidos en cárceles británicas, que ya ha llegado a los 86.000, distribuidos en 141 prisiones, que se encuentran al borde del colapso. Una problemática a la que se une la del atasco judicial, que ya acumula más de 73.000 casos sin resolver y que, según la comisión, podrían acabar en una simple condena disciplinaria, pero que no estaría enfocada realmente a la rehabilitación de los delincuentes.
Una medida ampliamente debatida
Esta medida ha generado un amplio debate social entre los que creen que sería un sistema demasiado amable para con los que quebrantan las leyes y entre los que han visto en esta pintoresca norma una solución, ya que alrededor de un 13% de la población va a tomar algo a un pub, al menos, una vez por semana; y cerca de 55 millones de personas compran entradas para eventos deportivos al año.
En este contexto, los conservadores británicos han denunciado que esta medida podría ser desigual para los delincuentes, puesto que, según han dicho, los sesgos de los jueces podrían beneficiar a aquellas personas consideradas parte de un grupo social desfavorecido por razones de raza, sexo u orientación sexual; por lo que han defendido que este cambio en las reprimendas iría en contra de los hombres blancos y heterosexuales, que, a su juicio, no recibirían la medida de gracia, al contrario que las personas trans, homosexuales o mujeres embarazadas creando una “Justicia a dos niveles”.
En este debate se encuentra el país liderado por el laboralista Keir Starmer, que tendrá que afrontar un aumento en el gasto penitenciario cuando este ya supera las 300.000 millones de libras, lo que equivaldría aproximadamente a un 6,5% del PIB de Reino Unido. Una cuantía que, en principio, no dejará de crecer, puesto que los delitos en suelo británico se encuentran en una escalada ascendente.
