“En Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado”, denunció el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien rasgó frente a las cámaras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), calificándolo de “basura”.

Borges instó además a la Fuerza Armada a no “seguir callada frente a la ruptura de la Constitución”.

“Sabemos que la inmensa mayoría de los oficiales (…) están en contra del caos que sucede en Venezuela”, sostuvo el diputado, y anunció que la cámara “se rebela y desconoce” la decisión judicial.

La noche del miércoles, la Sala Constitucional del TSJ asumió las funciones del Parlamento en un dictamen que según analistas representa un paso más hacia un modelo autoritario.

“Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga”, indicó el fallo.

La oposición anunció protestas a partir del sábado.

Aunque la cámara desvinculó a esos diputados posteriormente, la corte considera que el acto no fue formalizado.

“Esta semana hemos avanzado lamentablemente hacia un modelo autoritario en la política venezolana. La democracia está en peligro”, dijo este jueves a la AFP el analista Carlos Romero.

“Estamos ante un uso indiscriminado e ilegal de las atribuciones del TSJ para acabar con el Legislativo”, añadió.

“No podemos estar con la Asamblea Nacional ausente porque ellos quieran”, dijo el legislador Diosdado Cabello, uno de los principales dirigentes del chavismo, al defender el fallo.

Alegando el desacato, el TSJ ya había retirado la inmunidad a los diputados el martes, lo que abrió la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares.

El retiro de los fueros parlamentarios ocurrió mientras el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunía para debatir la grave crisis política y económica del país petrolero.

La cita en Washington acabó sin acuerdos, pero 20 países suscribieron una declaración conjunta en la que expresaron “preocupación por la difícil situación” de Venezuela.

La sentencia con la que el Tribunal Supremo asumió las funciones parlamentarias fue calificada como “una bofetada enorme a la OEA” por el politólogo Christopher Sabatini, experto en América Latina de la Columbia University de Nueva York.

“El Tribunal Supremo, el órgano que debe velar por las leyes, los derechos y la Constitución, simplemente ha violado la Constitución. No es cualquier poder el que lo ha hecho. ¿Cuándo antes se escuchó que una corte suprema dio un golpe?”, comentó Sabatini a la AFP.

Una semana antes de la reunión en Washington, el bloque opositor aprobó un acuerdo en el que pidió a la OEA aplicar la Carta Democrática Interamericana, que prevé sanciones en caso de alteraciones o ruptura del hilo constitucional, lo que Maduro calificó como “traición a la patria”, delito castigado con penas de hasta 30 años de cárcel.

La sentencia mediante la cual el TSJ adopta las funciones del Parlamento también tiene un trasfondo económico. Se produjo en respuesta a un recurso de interpretación sobre la creación de empresas mixtas en el sector petrolero.

Según la Constitución, el gobierno no puede firmar contratos de interés público con Estados o empresas públicas y privadas extranjeras, “sin la aprobación de la Asamblea Nacional”.

Pero al declarar “omisión legislativa”, la corte indicó que no existe “impedimento alguno” para que el Ejecutivo conforme compañías sin pasar por una votación de los diputados.

Esta cuestión resulta clave para el gobierno, que busca financiamiento para paliar un déficit fiscal que el Banco Mundial estimó en 11.5% del PIB en 2016.

Maduro también intenta atraer inversión extranjera para los sectores petrolero y minero, y enfrentar así la grave crisis económica, reflejada en escasez de todo tipo de bienes básicos y la inflación más alta del mundo, proyectada en 1,660% por el FMI para 2017.

Las gestiones en la OEA son promovidas por su secretario general, Luis Almagro, quien exige convocar a elecciones generales en corto plazo y liberar a un centenar de opositores presos.

Las elecciones presidenciales están pautadas para diciembre de 2018, mientras que las regionales debieron realizarse a fines del año pasado, pero el poder electoral las pospuso para 2017 y aún no fija fecha.