SITUANDO A JORGE VIDELA ANTE LA HISTORIA: LOS ORÍGENES DE LA INTERVENCIÓN MILITAR DE MARZO DE 1976
por Ricardo Angoso
A finales del año 1975, como un barco a punto de naufragar, la situación de Argentina era dramática. El irreversible proceso de deterioro en todos los órdenes había comenzado el 1 de julio de 1974, cuando muere el general Juan Domingo Perón y accede a la presidencia del país su compañera de fórmula, María Estela Martínez Perón.
El terrorismo, que golpeaba con fuerza desde la extrema derecha y la extrema izquierda, sobre todo a través de la Triple A y los Montoneros, respectivamente, era ya un problema de dimensiones nacionales y desbordaba a los cuerpos de seguridad. Atacaba con fuerza a todos los sectores sociales, pero especialmente a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad. El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de extrema izquierda, era otro de los grupos terroristas que estaba en la batalla política a través de las armas y era el responsable de numerosos atentados, rivalizando en crueldad y desproporción en sus actos -causando numerosas víctimas civiles- con los fanatizados montoneros. El objetivo del ERP era lograr una “zona liberada” en la provincia de Tucumán y solicitar la intervención internacional, posibilitando de esa manera el apoyo logístico y militar de la Cuba castrista.
La situación económica no era menos dramática y el clima de contestación, ante la pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores, era muy alto, el país estaba al borde de un estallido social, mientras la clase política padecía una suerte de afasia colectiva ante la manifiesta incapacidad e inutilidad de la presidenta en ejercicio. Nadie sabía a ciencia cierta hacia dónde iba el país, el viaje hacia ninguna parte comenzado hace décadas por los peronistas no parecía tener fin. La corrupción sindical no conocía límites, era una cuña enclavada en el poder y los “gordos de la CGT” aprovechaban al máximo la situación.
Argentina se encaminaba, si alguien no lo remediaba, hacia una guerra civil o hacia una caótica situación de anarquía y desgobierno que podría tener fatales consecuencias, sin descartar que el ala más izquierdista del peronismo, los Montoneros que había echado de la Plaza de Mayo apenas hacia unos meses el general Perón, a los que denominó sin ambages como “estúpidos e imberbes”, se hiciera con el poder en un momento de crisis y abierta descomposición.
Todos los sectores sociales, desde la patronal hasta la Iglesia católica, pasando por las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, los sindicatos y casi todas las confesiones religiosas, estaban sumamente preocupados por la deriva que había tomado el régimen peronista. Aparte de la desaparición del elemento carismático, que era Perón, estaba la nefasta sucesión que había dejado como legado el difunto caudillo.
Los atentados se sucedían sin parar e incluso el ERP ya contaba con un frente abierto en Tucumán, es decir, un territorio “liberado” por los comunistas para construir su “paraíso” socialista al estilo de la isla-prisión de Cuba. En estas circunstancias tan difíciles, un nuevo factor vino a unirse a la zozobra y desespero que surcaba por todo el país: la presidenta tuvo que apartarse del poder, en septiembre de 1975, por enfermedad y estuvo de licencia por razones de salud durante una larga temporada (13 de septiembre hasta el 16 de octubre de 1975).
Había que hacer frente a una situación caracterizada por el vacío de poder, la parálisis institucional, la creciente anarquía y el accionar cada vez más osado de los grupos terroristas. En resumen, había que tomar medidas urgentes y efectivas para gestionar un colapso no ya de la maquinaría del Estado, sino del país en general.
Y los hechos se precipitaron rápidamente: el 13 de septiembre de 1975 la presidenta Martínez solicitó licencia por motivos de salud, asumiendo interinamente la presidencia de la Nación Italo Argentino Luder, en su carácter de presidente provisional de la cámara alta argentina, hasta el 16 de octubre, en que regresaría de nuevo la mandataria tras su descanso por razones de salud, visto casi con alivio por los argentinos dada su supina ignorancia y escasas dotes para el manejo de la Nación en una situación tan compleja.
LOS DECRETOS DEL PRESIDENTE LUDER
Fue entonces y no después, durante su ejercicio de la presidencia interina por enfermedad de la presidenta, cuando Luder firmó los controvertidos decretos 2770, 2771 y 2772, por los cuales se creaba un Consejo de Seguridad Interior integrado por el presidente de la Nación y los jefes de las Fuerzas Armadas, extendiendo a todo el país la política de “aniquilar” la perniciosa acción de los grupos subversivos que se había iniciado unos años antes sin que nadie les hubiese puesto coto.
Así se puso en marcha el Operativo Independencia contra las guerrillas de orientación comunista que operaban en Tucumán. Como vemos, estos hechos se producen mucho antes de la intervención militar de marzo de 1976, y los decretos firmados por Luder constituyeron la columna vertebral legal que sirvió a las Fuerzas Armadas para iniciar la guerra contra la subversión y justificar muchos de los acontecimientos que después ocurrieron.
Unos años antes de estas “catarata” de decretos aprobado por Luder, el mismo Perón, hastiado de los despropósitos causados por los Montoneros y el terrorismo de izquierdas, había dicho: “El objetivo perseguido por estos grupos minoritarios es el pueblo argentino, y para ello llevan a cabo una agresión integral”. Añadiendo claramente: “Por ello, sepan ustedes que en esta lucha no están solos, sino que es todo el pueblo que está empeñado en exterminar este mal, y será el accionar de todos el que impedirá que ocurran más agresiones y secuestros. La estrategia integral que conducimos desde el gobierno, nos lleva a actuar profundamente sobre las causas de la violencia y la subversión, quedando la lucha contra los efectos a cargo de toda la población, fuerzas policiales y de seguridad, y si es necesario de las Fuerzas Armadas”. Lo dice bien el claro el viejo general: “exterminar” como a un cuerpo extraño incrustado en la sociedad argentina al terrorismo.
Pero, lamentablemente, María Estela, Isabelita, regresó de nuevo al poder a finales de octubre, como ya hemos dicho, y la situación siguió deteriorándose de una forma imparable. En las Navidades de 1975, como parte de una agonía que no se detenía, el país se hundía entre la desesperanza y la resignación, la apatía y el hastío ante lo que sucedía.
Fruto de este estado de cosas y del mal gobierno ejercido por los peronistas, el 23 de diciembre ocurrieron los incidentes de Monte Chingolo, cuando un comando fuertemente armado y pertrechado del ERP formado por varios cientos de hombres intentó tomar unas instalaciones militares y hacerse con un importante y estratégico arsenal de armas. El ejército argentino, en una acción ejemplar y eficaz, respondió a los insurgentes y les causó unas cien bajas, según fuentes oficiales de la época.
La revista católica criterio escribía en su editorial: “… Es posible decir que el saldo impresionante (…) del episodio de Monte Chingolo, produjo en muchos un sentimiento de alivio: cien muertos son cien enemigos menos, y si fueron más mejor, cualquiera haya sido la manera de su muerte”.
LA SUBLEVACIÓN DEL BRIGADIER CAPELLINI
La sublevación del brigadier Orlando Jesús Capellini, tuvo lugar luego de que Ítalo Argentino Luder se negara a sustituir a la presidente que se encontraba con uso de licencia por enfermedad, tal como se lo habían sugerido los titulares del Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada de la República Argentina; Jorge Rafael Videla, Héctor Luis Fautario y Emilio Eduardo Massera respectivamente. Esta noticia enfureció a Capellini como a sus seguidores, que comenzaron a planear una sublevación.
María Estela Martínez de Perón volvió a ocupar su cargo el 16 de octubre de 1975. Un día después, el almirante Emilio Eduardo Massera y el teniente general Jorge Rafael Videla decidieron que para marzo de 1976 destituirían a la presidente, sin embargo el brigadier general Héctor Luis Fautario no apoyó bajo ningún punto de vista la idea de interrumpir nuevamente el orden constitucional.
En una reunión que tuvo lugar en Campo de Mayo entre Jorge Videla, Emilio Massera, Roberto Viola y Armando Lambruschini, Massera afirmó que había que sacar a Fautario del medio, y se le comunicó dicha determinación al entonces brigadier Orlando Ramón Agosti. En definitiva, se estaban planeando dos golpes al mismo tiempo.
El grupo liderado por el brigadier Orlando J. Capellini se reunió el 17 de diciembre y decidieron iniciar el golpe el 18, cuando se anunciara quiénes serían los militares de la aeronáutica que pasarían a retiro, y uno de ellos era el mismo Capellini.
A las siete y media de la mañana del 18 de diciembre un grupo de comodoros detuvieron al titular de la Fuerza Aérea, brigadier general Héctor Luis Fautario junto a los brigadieres Francisco Cabrera, Roberto Donato Bortot y Rubén Bonoris cuando se encontraban por realizar un viaje a Córdoba. Fautario fue encerrado en una habitación sin custodia en el Taller Regional de Quilmes y sus subordinados también detenidos fueron llevados a Morón.
Ante esta situación, el ministro de Defensa Tomás Vottero se reunió con Videla y Massera, quienes le propusieron nombrar a Agosti como jefe de la Fuerza. Luego del encuentro, el ministro redactó el decreto de designación 3971, que nombraba a Orlando Ramón Agosti como titular de la Aeronáutica, y se fue a Olivos para que lo firmara la presidente. Fautario logra salir de su lugar de encierro y se dirige a la Casa Rosada, donde pide hablar con la presidente, ante la negativa que recibió, le manda a decir por medio del edecán aeronáutico que le darían un golpe de Estado en marzo de 1976.
La sublevación fue aplastada cuatro días después de su inicio cuando la VII Brigada Aérea fue bombardeada y luego de que los tres comandantes dieran su apoyo al gobierno. Esta revuelta sacó del medio al brigadier general Héctor Fautario y al Subjefe del Comando de la Fuerza Aérea, brigadier mayor José María Klix y al resto de los brigadieres mayores, quienes no adherían a ningún golpe de Estado.
Así, lentamente, el país se encaminaba por el camino de la violencia terrorista. Pero lo peor era la ineficiencia política hacia una certera guerra en la que, seguramente, los subversivos podrían llegar al poder por la vía armada. Eran los tiempos de la guerra subversiva contra el poder establecido, democrático o no, y en los que la izquierda defendía la estrategia de ese aventurero y pistolero llamado Ernesto Che Guevara que llamaba a incendiar todo el continente, creando “uno, dos, tres Vietnam”. Los comunistas, en aquellos tiempos aciagos, no ocultaban su estrategia final de llegar al poder por las armas aprovechando la “inocencia” de los “tontos útiles” que decía Lenín, que en la Argentina estaba claro quienes eran: los peronistas.
El nuevo año, 1976, tampoco trajo mejores presagios y cada vez quedaba más evidente la tirantez entre unas Fuerzas Armadas obligadas a luchar en desigualdad de condiciones frente a un enemigo despiadado y un poder oficial que no hacía todo lo posible para ganar la guerra, para frenar a la subversión, en definitiva.
Así las cosas, en enero de 1976 había suficientes señales de que el período peronista iniciado tras las elecciones de 1973 estaba agotado y consumido, sobre todo debido a la ausencia de un poder político real y un sentido de autoridad del que carecía, desde luego, la viuda de Perón. El comienzo del año 1976 fue especialmente violento y los atentados del ERP, los Montoneros y del grupo ultraderechista Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) se sucedían por doquier. Argentina se enfrentaba a una verdadera guerra y la gravedad de la situación era reconocida en casi todos los cables diplomáticos y medios de comunicación. No se podía ocultar ya el drama.
Como muestra de la gravedad de la situación, el 15 de marzo de 1976 fracasa un atentado contra el Comandante General del Ejército, el teniente general Jorge Rafael Videla, mediante un coche bomba accionado a distancia, colocado en la zona de estacionamiento cerca de una entrada lateral al Edifico Libertador, en el centro de Buenos Aires. Videla salva su vida por un instante, ya que su auto acababa de ingresar al edificio; el resultado fue la muerte de un civil inocente y otros 23 heridos, entre los que destacaban varios coronoles, suboficiales, soldados y también civiles. El atentado se producía apenas 9 días antes de la intervención militar que puso fin al desgobierno de la fallida presidenta María Estela Martínez de Perón.
Paradójicamente, desde el poder más que hacer frente a la amenaza terrorista se “promocionaba” a la Triple A, que comandaba un ministro de la viuda y presidenta, el conocido ultraderechista José López Rea, apodado como “el brujo”, y que fue secretario privado y ministro de Bienestar Social del mismo Perón y después de María Estela. Esta alianza tácita entre el poder oficial y las organizaciones terroristas revelaba fielmente el carácter anárquico y poco sujeto al orden del movimiento peronista. López Rega, amigo íntimo de Perón, era el representante más genuino de la derecha peronista y fue procesado por asociación ilícita, decenas de homicidios y desapariciones y secuestros. López Rega era el emblema de toda una época caracterizada por el despropósito y el manifiesto desgobierno. Sus relaciones con el matrimonio Perón fueron comparadas en su tiempo con las de Rasputín con el zar de Rusia.
López Rega, el 11 de julio de 1975, fue obligado a renunciar a su cargo tras las violentas reacciones al plan económico promovido por su protegido Celestino Rodrigo (quien también debió renunciar a su cargo), y fue nominado embajador itinerante. Finalmente, tras el 24 de marzo de 1976, se refugió en España. López Rega abandonó España más tarde y se refugió en Suiza, donde viviría cerca de Ginebra hasta 1982, cuando fue descubierto por un fotógrafo. Escapando de la notoriedad, huyó a Bahamas, donde vivió hasta 1986, alternando su residencia con Miami.
LA INTERVENCIÓN MILITAR DEL 24 DE MARZO DE 1976 Y LA AMENAZA TERRORISTA
Finalmente, y como parte de un guión ya previamente conocido por todos los argentinos, las Fuerzas Armadas de Argentina ponen el punto y final al desgobierno de la presidenta Perón el 24 de marzo de 1976. La sucesora es arrestada y confinada en una instalación militar. La normalidad en el país, tras la asonada militar, es total; apenas hay protestas y la comunidad internacional recibe el hecho como fruto político tras los años de absoluto descontrol del agónico peronismo. No hay ni críticas ni oposición a la asonada militar.
Los radicales, con Ricardo Balbín al frente, habían estado animando a las Fuerzas Armadas a dar el golpe de Estado y acabar con el estado de cosas reinante. De la misma forma, las organizaciones empresariales se adhieren al movimiento militar e incluso algunos de sus líderes, como José Alfredo Martínez de la Hoz, acabarían formando parte del primer ejecutivo liderado por los militares.
Tampoco hubo protestas de los sindicatos o de los partidos de izquierda, tal como reflejan todos los medios de la época e incluso el Partido Comunista de Argentina mostró su tibio apoyo al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN) que auspiciaban las Fuerzas Armadas en su conjunto, tal como se recoge en un comunicado emitido al día después de la acción militar:
“Ayer, 24 de Marzo, las F.F.A.A. depusieron a la presidenta María E. Martínez, reemplazándola por una Junta Militar integrada por Los comandantes de las tres armas”. No fue un suceso inesperado, entonces. La situación había llegado a un límite extremo “que agravia a la Nación y compromete su futuro”, como dice en uno de los comunicados de las F.F.A.A. Y sigue el comunicado de los comunistas: “Cargan por esta situación, inmensa responsabilidad el lopezrreguismo reaccionario y su protectora María Estela Martínez, que habían pisoteado el programa por el cual había votado el pueblo en 1973, y que en la etapa anterior había empezado, aunque con timidez e inconsecuencias, a realizarse. Comparten la responsabilidad los jerarcas sindicales que sofocaron al movimiento obrero”.
El general Videla, en su primera alocución pública tras el golpe del 24 de marzo, explicaba: “El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible, frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. (…) El uso indiscriminado de la violencia de uno y otro signo, sumió a los habitantes de la Nación en una atmósfera de inseguridad y de temor agobiante. Finalmente, la falta de capacidad de las instituciones (…) condujo a una total parálisis del Estado, frente a un vacío de poder incapaz de dinamizarlo. Profundamente respetuosas de los poderes constitucionales (…) las Fuerzas Armadas hicieron llegar, en repetidas oportunidades, serenas advertencias sobre los peligros que importaban tanto las omisiones como las medidas sin sentido. Su voz no fue escuchada”.
La Iglesia católica, salvo raras excepciones, apoyó sin fisuras un movimiento destinado a llevar el orden público a las calles argentinas. En general, y sin temor a equivocarnos, el consenso sobre la idoneidad del proceso en aquellos momentos era total en la sociedad civil argentina, que vivía sobresaltada y atemorizada desde la muerte de Perón y el auge de la violencia terrorista, cada vez más despiadada y audaz en sus acciones.
Como fruto de esa colaboración y apoyo de la sociedad civil hacia el proceso iniciado por los militares el 24 de marzo de 1976, conviene recordar cómo tras la reorganización del país por parte de la primera Junta Militar, que renovó a los cargos provinciales de todo el país, 794 civiles procedentes de todas las fuerzas políticas, pero casi la mitad de los radicales, fueron elegidos como intendentes, un puesto de menor rango que el de gobernador -casi todos militares- y con amplias competencias en las ciudades.
La primera Junta Militar quedo conformada por Jorge Rafael Videla, como comandante en Jefe del Ejército, el almirante Emilio Massera, por al mando naval, y Orlando Agosti, por las fuerza aérea. Unos días más tarde, el 29 de marzo, Videla era nombrado presidente de facto de Argentina quedando su jefatura sujeta a las competencias constitucionales que fijaba la Constitución argentina.
¿Y quién era Videla? El general Videla era el jefe del ejército cuando se produce el golpe de Estado de 1976, cargo que ocupaba desde el año 1975 después de una larga carrera militar que se había iniciado en el año 1942, cuando ingresó en el Colegio Militar a los 17 años, y jalonada por una hoja de servicios impecable y con innumerables méritos. En sus treinta y cuatro años de servicios anteriores a la ocupación de su puesto en Junta y en la presidencia del país no estuvo implicado en ningún caso de corrupción ni en ningún escándalo; tampoco tuvo veleidades políticas ni se le conocía simpatía alguna ni por los peronistas ni por los radicales.
A diferencia del almirante Massera, un tipo maquiavélico, manipulador y calculador en sus pretensiones políticas, Videla siempre se consideró apolítico y se presentaba a sí mismo como un hombre que cumplía con sus obligaciones en un momento en que la Nación le requería. Videla, formado en un ambiente tradicional y conservador de la provincia argentina, pues había nacido en las Mercedes, era un hombre de principios, rígido católico y fiel a su familia y a sus amigos. Ahora, incluso, cuando todos le han abandonado, Videla no quiere abandonar a sus antiguos subordinados y se considera responsable por todo lo ocurrido en aquel período, exculpando a sus antiguos compañeros de armas ahora también procesados.
Videla fue la máxima autoridad de Argentina durante cinco años (1976-1981), que fueron los años de esplendor y éxito del Proceso de Reorganizaciòn Nacional, tal como reconocen hasta algunos de sus enemigos políticos. Luego llegarían los desastrosos años de Roberto Viola y Leopoldo Galtieri, sus sucesores, y la derrota previsible de las Malvinas, pero esa es otra historia.
Videla, desde un primer momento, puso en marcha el proyecto que pretendía llevar el orden público al país, devolviendo la seguridad perdida y derrotando de una forma sistemática a la subversión y al terrorismo, tal como le habían conferido los decretos presidenciales ya citados del presidente interino Luder. Las Fuerzas Armadas, junto con los cuerpos de seguridad, estaban desmoralizados y casi a punto de asumir una derrota sin apenas haber luchado. La nueva Junta Militar tenía, entonces, como principal misión la lucha rotunda, contundente y denodada contra la subversión comunista y el terrorismo extremista.
En apenas unos meses, los que van desde marzo de 1976 hasta el mundial de fútbol de junio de 1978, el país se transforma totalmente. El gobierno liderado por Videla ha conseguido notables éxitos en la lucha contra el terrorismo y había encarcelado a numerosos miembros, informantes y simpatizantes de las organizaciones terroristas. Los éxitos eran reconocidos por casi todos los gobiernos del mundo, aunque las críticas a las violaciones de los derechos humanos comenzaban a aparecer sin que las mismas tuvieran una dimensión interna más allá algunas declaraciones y disensiones en torno a la naturaleza del proceso llevado a cabo por las Fuerzas Armadas.
Una muestra de hasta que punto el terrorismo había cobrado una dimensión que asomaba hasta con desbordar al Estado y destruir así sus instituciones la encontramos en el atentado del 24 de marzo de 1977, primer aniversario del golpe, cuando miembros del ERP colocaron varias cargas explosivas en una pista aérea desde la que salía el avión del presidente Videla con otros altos cargos de ese período. La denominada “Operación Gaviota” tenía como finalidad, si no hubiera fallado una de las cargas explosivas, asesinar a todos los miembros de la comitiva haciendo estallar el avión en que se dirigía Videla hacia Bahía Blanca. Fallaron, pero no cejarían en sus intentos desestabilizadores y criminales.
Unas semanas antes de este atentado, el vicealmirante César Augusto Guzzetti fue interceptado por un comando terrorista en una clínica y “ejecutado” por los terroristas que, tras golpearle, le dispararon a bocajarro en la cabeza, dejándole gravemente herido y en estado de coma. Después fue operado en los Estados Unidos y quedó mudo y cuadripléjico a consecuencia de las heridas causadas por los “jóvenes idealistas” montoneros. Así se las gastaban los terroristas, y ese era el enemigo con el que tenían que enfrentarse las Fuerzas Armadas argentinas en aquellos días terribles.
Entre 1976 y 1981, se suceden decenas de atentados, secuestros, asesinatos, extorsiones y robos a manos de las organizaciones terroristas, pero principalmente la responsabilidad fundamental en aquellos años de plomo recae en los Montoneros y en el siempre activo ERP. Se atacaban objetivos civiles, como autobuses, aviones, cines, ferrocarriles y empresas privadas; se asesinaban a policías, militares, líderes sindicales y simples civiles que trabajaban para el Estado, como los 14 muertos y más de veinte heridos del micro cine de la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Defensa; se entraba en las casas y los “revolucionarios” asesinaban a sangre fría a sus oponentes o a los que ellos consideraban como tales y, finalmente, las extorsiones estaban al orden del día, para financiar a la revolución, tanto a empresas como a ciudadanos indefensos.
Una muestra de ese triunfo de la barbarie que reinaba en Argentina en aquellos días fue el atentado contra el departamento donde residía el almirante Armando Lambruschini, en el edificio lindero los Montoneros colocaron una carga explosiva de unos cuarenta kilos y causaron la muerte de la hija del militar, Paula, de apenas 15 años, y de tres vecinos ajenos al caso e inocentes.
Ni que decir tiene que casi todos estos hechos criminales nunca fueron juzgados y quedaron impunes. Incluso algunos de los líderes montoneros de entonces, como Mario Firmenich, fue indultado por el presidente Carlos Menem, una vez que cayó la dictadura, y reside en la actualidad en Barcelona, donde ejerce como economista y goza de absoluta libertad de movimientos, incluso para viajar a Argentinta. Firmenich declaraba hace unos años, en un asalto de sinceridad que “en un país que ha vivido una guerra civil, todos tienen las manos manchadas de sangre”. Como una de las tantas paradojas que se daba en la Argentina de entonces, Firmenich procedía de la extrema derecha católica del movimiento peronista.
El movimiento montonero era, ideológicamente hablando, un verdadero cocktail conformado por ideas comunistas, guevaristas, peronistas e incluso había cierta influencia de los movimientos fascistas del período de entreguerras, como esa tendencia a la uniformidad, a la férrea y ciega disciplina y a cierta suerte de cultura militarista. Incluso el mismo Mario Firmenich simpatizaba con la causa sandinista y con la Cuba de Fidel Castro, donde estuvo asilado en la isla-prisión algún tiempo. Perón, antes de morir, se distanció, junto con otros líderes peronistas, incluso María Estela Martínez Perón, del movimiento montonero y sus estrategias radicales.
La nefasta influencia de Cuba en toda la izquierda latinoamericana de los años 60, 70, 80 y 90 del siglo pasado, e incluso hoy, tiene mucho ver con este culto a la violencia. “El voluntarismo castrista destiló de esta manera una ideología aberrante que prescindía de lo externo, de lo dado, en una suerte de inmanentismo revolucionario que hacía de la revolución un producto de la propia y voluntariosa subjetividad. Entre la guerrilla y sus metas, sólo mediaba la portentosa voluntad guerrillera de alcanzarlas, sin abrir crédito a la existencia de mediaciones externas, objetivas, históricas”, como señalaba muy acertadamente el periodista Pablo Giussani.
Pero si algo caracterizaba a los montoneros era su brutalidad, manifiesta y puesta en evidencia en múltiples ocasiones, como en el atentado contra el secretario de Coordinación del Ministerio de Economía de entonces, Guillermo Walter Klein. Los terroristas asaltaron su domicilio particular e inmediatamente asesinaron a los dos policías que le custodiaban. Luego, Klein, su esposa y sus cuatros hijos, alguno de apenas unos meses y la mayor de doce años, son conminados a entrar en una de las habitaciones de la casa. En un gesto de verdadero sadismo, los terroristas colocaron potentes explosivos en diferentes lugares de la planta baja y accionados por un control centralizado desde la calle. Los terroristas huyeron y, acorde a lo planeado, la casa de dos plantas se derrumba totalmente, pero en un verdadero milagro se salva toda la familia con heridas menores; al derrumbarse el primer piso la losa queda intacta, cayendo integra como el piso de un ascensor. Klein y una hija quedan bajo los escombros, siendo rescatados luego de horas de trabajo de los bomberos, lo cual fue visto por directo en la televisión por todo el país horrorizado.
Para los montoneros, el fin justifica los medios, aunque fueran absolutamente perversos y abominables, una cadena de dolor, sufrimiento, odio y terror. Aparte, en el camino hacia la consecución de sus fines, todos eran culpables y nadie era inocente; si para acabar con un objetivo señalado caían varios civiles inocentes, no pasaba nada y era parte un proceso que debía llevar a la consecución del fin más sagrado de todos: el ascenso al poder. Luego estaba al culto a la muerte, muy en la órbita de los fascismos europeos, el orgullo por el asesinato y el crimen, la apología de la sangre para bautizar el juego revolucionario, en una ceremonia interminable de odio hacia el diferente, hacia el adversario que consideraban, en definitiva, su enemigo. El discurso montonero tenía mucho que ver con ese grito de guerra del general español Millán Astray, quien pronunciara en su día ese “¡viva la muerte!” que heló el alma del filósofo Miguel Unamuno en una fría mañana salmantina de noviembre de 1936.
EL MUNDIAL DE FÚTBOL DE 1978
Así llegamos a junio de 1978, en que el gobierno de las Fuerzas Armadas consigue organizar con éxito un evento como el mundial de fútbol, que había sido otorgado al gobierno peronista de antes de los sucesos de marzo de 1976, y que no había realizado ningún trabajo tendente al desarrollo de la contienda deportiva.
Las autoridades del momento hicieron un gran esfuerzo para el desarrollo de las infraestructuras, renovaron el sistema televisivo y se pasó del blanco y negro al color, invitaron a numerosas delegaciones internacionales y todo el país, por obra del buen hacer del gobierno, se convirtió en un enorme escaparate, demostrando la Argentina que era capaz de realizar un trabajo de esa magnitud y organizar un evento a la altura de otros mundiales de fútbol. Además, para legitimar más al nuevo gobierno, Argentina ganó el mundial y fue el propio Videla el que entregó la copa del mundo a la selección de su país, en un ambiente de alegría y satisfacción generalizada.
Corría junio del año 1978 y la situación del orden público, pese a algunos atentados puntuales, había mejorado notablemente. El país se encontraba en uno de sus mejores momentos, como reconocería más tarde Videla en algunas entrevistas, pero quizá el Proceso de Reorganización Nacional debería haber comenzado a trabajar en su reconducción por la vía política, algo que no se hizo y que incluso el máximo responsable consideró más tarde como un error.
Sin embargo, pese a la derrota del terrorismo, que todavía daba sus últimos estertores pero estaba herido de muerte, Argentina tendría que dar una nueva batalla: la externa. La comunidad internacional, pero especialmente los demócratas en los Estados Unidos y los países europeos, comenzaban a criticar ciertos excesos cometidos en la batalla contra la subversión en el campo de los derechos humanos. Por cierto, que dichos excesos han sido reconocidos por Videla en innumerables ocasiones y reconocidos por las autoridades de entonces. El mismo Videla asegura que “en una guerra se producen muertos, heridos y desaparecidos”, tal como ocurrió en Argentina.
La presión se hizo especialmente intensa después del mundial y las autoridades argentinas comenzaron a ver con preocupación este cambio en una comunidad internacional que hasta ahora había apoyado, salvo raras excepciones, a los militares argentinos en su lucha contra la subversión. No olvidemos que, además, en los Estados Unidos habían ganado los demócratas de la mano del presidente Jimmy Carter y que, a diferencia de los republicanos, se mostraban mucho más remisos a seguir apoyando a las regímenes que habían nacido en el Cono Sur al amparo de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), cuya esencia fundamental era que el enemigo comunista no estaba ya en el exterior, sino que actuaba dentro de “casa” y contaba con la complicidad de un sector de la sociedad, que aunque minoritario era muy activo y utilizaba todos los medios, incluso las armas, para llevar a cabo sus planes, pero sobre todo para conquistar el poder. Patricia Murphy Derian (1929, Nueva York) es una política y activista de derechos humanos estadounidense que se desempeñó como Secretaria para Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios durante la administración del presidente James Carter. Fue la dirigente política de entonces que más presionó al gobierno militar de Buenos Aires en esa materia.
“De alguna manera”, como escribe Pablo Giussani en su libro Los Monteneros. La soberbia armada, “se trataba de una proxy war sui generis: los soviéticos delegaban su agresividad en las fuerzas subversivas del Tercer Mundo- particularmente en América Latina- y los Estados Unidos delegaban su autodefensa en los correspondientes ejércitos nacionales. Tales ejércitos fueron remodelados desde el Pentágono en función de esta guerra inédita. Su óptica defensiva fue invertida para ser concentrada, no ya sobre un enemigo externo frente al cual hubiera que plantear una defensa de fronteras territoriales, sino sobre un enemigo interno frente debía encararse la defensa de fronteras ideológicas, políticas y culturales. Un enemigo sinuoso, mimetizado, infiltrado en partidos, sindicatos, universidades, dependencias de la administración pública, diarios, radioemisoras y canales de televisión”.
Los antecedentes de la DSN ya habían sido desarrollados por el general y presidente de Argentina Juan Carlos Onganía, cuandó explicó, en un famoso discurso en la Academia Militar de West Point, en 1964, los condicionantes que justificaban la respuesta militar en caso de grave crisis del Estado. Según Onganía, un gobierno amparado en la legitimidad constitucional “habrá dejado de tener vigencia absoluta, si se produce, al amparo de ideologías exóticas, un desborde de autoridad”; agregando a continuación: “En una emergencia de esa índole, las instituciones armadas, al servicio de la Constitución, no podrían ciertamente, mantenerse impasibles, so color de una ciega sumisión al poder establecido”.
Para María Seoane y Vicente Muleiro, autores de la parcial obra El Dictador, “el desiderátum golpista se reactulizaba con el fantasma de la “ideología exótica” amparado en las pautas de la Guerra Fría, que en Latinoamérica se reforzaba con la influencia de la Revolución Cubana, más demonizada aún por los Estados Unidos a partir del acercamiento de Fidel Castro a la Unión Soviética. Con un fuerte respaldo estadounidense, las Fuerzas Armadas, y sobre todo el ejército, se otorgaban a sí mismas la facultad de diagnosticar cuando un gobierno constitucional dejaba de serlo”. Así ocurrían las cosas en América Latina, aunque con mátices, hasta la llegada de Jimmy Carter a la presidencia de los Estados Unidos, en 1976.
Carter, que quizá fue uno de los peores presidentes de la historia de los Estados Unidos, había dejado caer al régimen de Anastasio Somoza, en 1979, había hecho poco o nada para evitar la ocupación soviética de Afganistán y estaba dispuesto a sacrificar a algunos de sus aliados con aras de contentar a la prensa liberal norteamericana y a los demócratas de Washington. Muy pronto, como pudieron observar las autoridades militares argentinas, comenzaron a cambiar las relaciones con los Estados Unidos. La salida de Henry Kissinger de la secretaría de Estado hacía presagiar que la gran potencia del mundo libre y democrático iba a tomar el peor de los caminos, como así fue.
El gobierno militar argentino comenzó a sufrir las embestidas de los gobiernos socialistas europeos, de las organizaciones de derechos humanos de carácter internacional -casi todas en manos de la izquierda- y de los tontos útiles de Washington, que de haber repetido mandato Carter la Unión Soviética habría ganado la Guerra Fría y el mundo hoy en día sería otro.
El 1980, pese a que Videla y sus ministros habían conseguido notables éxitos en el manejo de la seguridad pública, no fue un buen año para el gobierno militar. A los desaguisados del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de la Hoz, en el manejo de la política económica, se le vino a unir la concesión del Premio Nobel al activista de izquierdas Adolfo Pérez Esquivel, cuyo trabajo en contra del régimen argentino era notorio. El galardón tuvo un fuerte impacto mediàtico y contribuyó, aún más, a aislamiento internacional del país.
Videla, ya en esos años, afrontaba la batalla por la imagen del régimen, ya que eran muchos los que desde fuera luchaban por un cambio político en Argentina y denunciaban ciertos “excesos” del gobierno militar. También el país había vivido una grave crisis con Chile, por las islas del Canal de Beagle que ambos países disputaban desde hacia años, y padecía el enfriamiento de sus relaciones políticas y diplomáticas con los Estados Unidos desde la llegada de Carter.
Fue una mediación papal la que evitó que el conflicto con Chile fuera a más y discurriera por la vía militar en lugar de la política, aparte de que Videla se mostró absolutamente disconforme con la posibilidad de llegar a un conflicto con los chilenos y que adoptó una posición muy diplomática en todo el contencioso, del que finalmente salió fortalecido Chile a merced de un tratado firmado entre los dos países tras el advenimiento de la democracia. Si bien durante el mandato de Videla se puso en marcha la Operación Soberanía, tendente a la recuperación de las islas por la fuerza, finalmente Videla, en 1978, desactivó la operación y buscó el acuerdo con sus vecinos. Tampoco a los Estados Unidos les hubiera satisfecho un conflicto entre dos de sus aliados en el Cono Sur, pues no olvidemos que en Chile gobernaba Augusto Pinochet, que había sido apoyado por Washington desde el principio, y que los dos países eran el “núcleo” central en América Latina de su diseño estratégico basado en la ya citada Doctrina de Seguridad Nacional.
VIDELA ABANDONA LA ESCENA POLÍTICA
En 1981, y tal como ha reconocido el mismo general Videla, el Proceso estaba agotado, no daba más de sí. También demostraba que se podía morir de éxito, parafraseando al ex presidente de gobierno Felipe González, y que si el mismo no se encaminaba hacia un dirección política que fuera viable estaba condenado a una larga agonía de consecuencias impredecibles. Finalmente, si no fue así, es debido a la inesperada guerra de las Malvinas, que acabó de una forma abrupta con el Proceso y también con el gobierno militar, cuyo fracasó salpicó a las Fuerzas Armadas y todos los integrantes de las Juntas desde el año 1976.
Corría el año 1980, ya con la presión internacional sobre el régimen muy intensa y una oposición en el interior más activa; se va viendo con claridad que el apoyo social y civil que hasta ahora había tenido el régimen se está resquebrajando y que incluso puede comenzar a volverse en contra.
Los radicales, por ejemplo, comenzaron a romper la línea tradicional adoptada hasta entonces, que había sido impuesta por Balbín, y se comenzaba a perfilar el liderazgo de Raúl Alfonsín, un abogado que había defendido a varios miembros del ERP y que había sido un activo militante en pro de los derechos humanos. También por esas fechas comenzaría su actividad el grupo de mujeres conocido como las Madres de la Plaza de Mayo, que reivindicaban conocer con precisión dónde estaban los desaparecidos en la guerra contra la subversión, y que eran familiares de algunas de las víctimas en el conflicto, “guerra” en palabras de Videla.
Así llegamos al año 1981, cuando Jorge Rafael Videla abandona la presidencia del país -la jefatura del ejército ya la había dejado unos meses antes- y pasa a un segundo plano en la vida política de Argentina, dejando para sus sucesores la responsabilidad de abordar la reconversión política del Proceso y una necesaria transición a la democracia, lo que después se hizo de una forma forzada y tras el descalabro en la guerra de las Malvinas.
El año 1981 significó un periodo de mantenida y sostenida agonía, sobre todo debido al escaso liderazgo político y poco carisma del nuevo líder del ejército Argentino, el general Roberto Viola. No obstante, los civiles seguían al margen del régimen y sabían que no había alternativa clara al oficialismo militar. “Se armó una liga de ex gobernadores que supuestamente presidía Carlos Saúl Menem. El peronismo era un aquejare y el resto de los partidos lo mismo. No había alternativa al Proceso Militar que, a pesar del desorden, todavía tenía oxigeno para retener el poder. Sin embargo, todos conservaban en privado con los representantes del poder castrense. Bastaba que los invitara un general en actividad para salir corriendo”, señalaba un conocido analista en aquellos años. El apoyo de la sociedad civil a la institucionalidad militar era absoluto en ese momento.
Como fruto de la grave crisis a la que había llevado el país Viola, el 16 de diciembre los dirigentes más importantes de la opositora Multipartidaria se reunieron en la Casa Radical para firmar la declaración “Antes de que sea tarde”, en que se sostenía literalmente: “La etapa de la subversión deshumanizada y violenta ha concluido porque junto a la acción de las Fuerzas Armadas existió un firme rechazo de la conciencia moral del pueblo que supo ver en el terrorismo la expresión de la desmesura del elitismo de la insensatez y el crimen”. Esta declaración era un reconocimiento implícito del importante papel jugado por las Fuerzas Armadas en la derrota del terrorismo y la subversión en Argentina, cuyo proyecto pasaba por la construcción de una sociedad socialista siguiendo la estela de esa gran ergástula llamada la Cuba socialista.
Luego, una vez que abandona el poder definitivamente, llegarían dos años de silencio y cierto ostracismo para Videla, en que todo el protagonismo recaería en las dos siguientes Juntas Militares que le sucedieron y asumieron el control político. La guerra de las Malvinas, sin embargo, provocó, como ya hemos dicho antes, la inesperada caída del gobierno militar y el llamado a elecciones para el 1983.
COMIENZA EL CALVARIO JUDICIAL
Videla, que se había mantenido al margen de los acontecimientos políticos y que incluso reconoce que supo de la ocupación de las Malvinas la noche antes por una llamada, había gozado dos años de tranquilidad, ajeno a los sobresaltos del poder y dedicado a su familia. En total, el general había sufrido seis atentados terroristas que casi acaban con su vida, las intrigas y maledicencias del almirante Massera y toda la tensión de uno los periodos más duros e inestables de la historia reciente de Argentina.
Cuando la guerra de las Malvinas, Videla ya ocupaba un perfil político muy bajo, aunque visitó las islas ocupadas momentáneamente en compañía de una amplia delegación de Estado por invitación del gobierno de turno, tal como relata Juan Bautista Yofre en su conocido libro 1982, que cito textualmente: “Videla habló poco y con pocos. Cuando un periodista le preguntó qué pensaba sobre la posible reacción de la flota británica, le extendió la mano diciéndole: “Mucho gusto”. Cuando el periodista reiteró la pregunta volvió a repetir sus palabras:”Mucho gusto, mucho gusto”. Unos días antes, al ser informado de la ocupación de las Malvinas y preguntado acerca de si tenía que darle algún consejo a Leopoldo Leonardo Galtieri como presidente, lacónico había dicho: “Que Dios le ayude”. Por cierto, que a dicho viaje a las Malvinas recién recuperadas para la Argentina asistieron representantes de varias fuerzas políticas, entre ellos el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Carlos Contín, sindicalistas, banqueros, empresarios e incluso gente de izquierdas, como el socialista Rufino Inda.
Las elecciones de 1983 fueron ganadas por los radicales de la Unión Cívica Radical (UCR) y Raúl Alfonsín se convertiría en el primer presidente de la nueva etapa democrática. Muy pronto, y haciendo honor a su origen, que no era ni más ni menos que haber sido abogado de los terroristas que habían puesto de rodillas a Argentina, se vio que el espíritu de revancha iba a prevalecer sobre el de la verdadera concordia y reencuentro entre todos los argentinos.
En abril de 1985, tras haber pasado Videla unos meses en la cárcel, comenzó el juicio a los integrantes de las Juntas Militares que habían derrotado al terrorismo y puesto punto y final a una de las mayores lacras de la historia de este país, pero los pueblos olvidan y la memoria histórica es corta. La historia siempre la escriben los vencedores, y la batalla política la habían ganado los herederos de aquellos grupos políticos (pero también militares) que habían desafiado con las armas y las bombas a la toda la sociedad argentina.
Como era de prever, y guiados por una justicia plegada al poder político y simpatizante de aquellos a los que debía haber combatido, los militares fueron condenados, en una suerte de catarsis cívica o de mala conciencia por no haber sido lo suficientemente duros con el régimen golpista en su momento.
El 9 de diciembre de 1985, y como estaba previsto, se dictó la sentencia condenando al general Jorge Rafael Videla y al almirante Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a ocho años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Los otros acusados, entre los que se encontraban los también militares Leopoldo Galtieri, Basilio Lami Dozo, Omar Graffigna y José Isacc Anaya, no fueron condenados por no haberse podido probar los delitos que se les imputaban.
Más tarde, Alfonsín sufriría varias asonadas militares de fuerzas descontentas por el trato del gobierno a las Fuerzas Armadas y por el sistemático enjuiciamiento de los mandos que tan sólo habían cumplido con su deber; eran los “carapintadas”, a cuyo frente estaban Aldo Rico y Mohamed Saneldín, y que pusieron en jaque al ejecutivo de Buenos Aires en numerosas ocasiones. Pero también el terrorismo izquierdista hizo su aparición en el violento asalto cuartel de La Tablada, en él que resultaron muertas cuarenta personas y decenas de heridas.
Desde su apresamiento el 1 de agosto de 1984 hasta el 29 de diciembre de 1989 en que surtió efecto el perdón del presidente Carlos Menem, que había anunciado nada más llegar a la Casa Rosa que iba a solucionar lo que denominó como el “problema militar”, el general Videla había pasado en prisión 2.341días, toda una afrenta para un militar que lo único que había hecho era cumplir con su deber y derrotar al terrorismo. Mal tenían que estar las cosas en Argentina para que los militares pagaran por sus servicios al Estado y los terroristas, como el caso de Firmenich, de los beneficios de la inocencia y el dorado exilio.
Pero el “calvario” judicial no había hecho más que comenzar, pues unos años más tarde, en una decisión sin precedentes en el mundo judicial, el perdón presidencial fue revocado y, tras la llegada de Néstor Kirchner al poder, los militares serían juzgados por segunda vez, en un gesto que tiene más que ver con una vendetta que con el afán de impartir una justicia ejemplar.
No olvidemos que Cristina Kirchner, al dar uno de sus primeros discursos en el balcón de la Casa Rosada desde donde hablaba Perón, llegó a decir: “quiero decirles que hemos vuelto a recuperar la Plaza de Mayo”, en una clara alusión a cuando los Montoneros fueron expulsados de este emblemático recinto por el viejo general fundador del peronismo que estaba cansado de sus excesos ideológicos y militares. Los Kirchner nada más llegar al gobierno mostraron el “hacha” de guerra y mostraron a las claras que la venganza es un plato que siempre se toma frío.
Pero antes de la llegada de los Kirchner, Videla ya había pasado por la cárcel pese al perdón presidencial: en 1998 regresó a prisión, aunque brevemente, tras que un juez dictaminara que las causas por sustracción de menores durante el periodo militar constituían un crimen de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptible. Pasó 38 días en la cárcel de Caseros hasta que se le concedió el derecho al arresto domiciliario en atención a su edad. Esta causa sigue pendiente.
Diez años más tarde, y ya bajo el mandato del vengativo matrimonio Kirchner, que iban a sellar su pacto con los Montoneros, quizá por sus complejos por no haber hecho nada en los tiempos de la dictadura militar, en el 2008, a Videla se le retira el arresto domiciliario y se le envía de nuevo a la prisión, esta vez al recinto militar conocido como Campo de Mayo. Ya no volvería a salir a la calle. El juez encargado del caso, que lo sacó de su “retiro” casi espiritual de su residencia en el barrio bonarense de Belgrano, argumentó para tomar esta decisión que la gravedad de los hechos que se le atribuyen a Videla resultan un escollo insalvable para el otorgamiento de tal beneficio.
El siguiente proceso que se le abrió al general Videla fue en la provincia de Córdoba, en el año 2010, por unos supuestos delitos de torturas y asesinatos. “Este tribunal, a mi juicio, carece de competencia y jurisdicción para juzgarme por los hechos protagonizados por el ejército mientras yo fui su comandante en el marco de la guerra interna librada contra el terrorismo subversivo”, aseguró Videla ante un tribunal llamado a ejecutar la venganza de los Kirchner en un país donde las instituciones han sido vaciadas de sus auténticas competencias.
También reivindicó su dictadura y se reconoció responsable por todos los excesos cometidos diciendo que asumía “en plenitud mis responsabilidades castrenses en todo lo actuado por el ejército argentino en esa guerra interna a la que he hecho referencia. Y esa responsabilidad la asumo con total “prescindencia” de quienes fueron mis subordinados y se limitaron a cumplir mis órdenes”.
Luego el silencio. Y después, el mazazo definitivo: el 31 de agosto de 2010, siguiendo instrucciones políticas, la Corte Suprema de Justicia confirmó las sentencias de tribunales inferiores, dictando que el indulto que recibió del entonces presidente Menem no fue constitucional y la condena que anuló debía ser cumplida efectivamente. La suerte del anciano general estaba sellada y quedaba muy claro que lo que pretendían los Kirchner es que Videla muriera en la cárcel, ya que se trataba del último emblema de un periodo para ambos considerado ominoso y que significó la derrota del proyecto peronista más radical. Los viejos Montoneros podían estar satisfechos y esbozar una sonrisa de victoria final. El general había perdido la última batalla, su suerte estaba echada.
En efecto, el 22 de diciembre de 2010 el Tribunal Oral Federal número 1 sentenció con prisión perpetua a los militares Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, en el marco del juicio que se desarrolló en la ciudad de Córdoba por delitos de lesa humanidad, y dictaminó que ambos irían a una cárcel común. Videla se defendió valientemente en una declaración que retumbó en las calles y casas de Argentina, diciendo que la guerra que se libró “no fue una guerra sucia, sino una guerra justa que aún no ha terminado”. Y concluyó:“los enemigos derrotados de ayer cumplieron su propósito y hoy gobiernan el país e intentan un régimen marxista a la manera de Gramsci”.
No quiero terminar este texto, pues quedaría incompleto, sin referirme al asunto de las violaciones de los derechos humanos durante los años de gobierno del general Videla (1976-1981), periodo en el que, supuestamente, ocurren la mayor parte de las supuestas desapariciones. Videla siempre ha reconocido que hubo desapariciones, ya que en una guerra hay muertos, heridos y desaparecidos, como consecuencia lógica del conflicto.
Hubo muertos y desaparecidos, eso es innegable, pero las cifras fueron infladas con intencionalidad política. También algunos excesos propios de un periodo en el que urgía hacer frente a una amenaza terrorista de unas dimensiones brutales y desproporcionadas. Era un periodo turbulento y violento, donde las normas mínimas de funcionamiento no eran cumplidas al pie de la letra por todos los funcionarios.
En las situaciones de conflicto, como por ejemplo en el caso de Francia a la hora de encarar la guerra de Argelia, las violaciones de derechos humanos están al orden del día. No son justificables, evidentemente, pero no olvidemos que en Francia nadie fue juzgado por esos hechos. Ni tampoco nadie en Estados Unidos ha sido juzgado ni procesado por el rudo tratamiento, incluso al margen de la Ley, que inflige a sus detenidos en Guantánamo tras los ataques del 11 de septiembre.
Cuando han pasado casi 36 años desde que se produjera la intervención militar que puso fin al gobierno civil de María Estela Martínez Perón, presidenta electa tras la muerte por enfermedad del general Perón, las heridas y cicatrices que dejó ese período siguen abiertas en la Argentina de hoy. Videla se considera un preso político y, seguramente, lo es. Hay más de 1.000 militares encausados y condenados por aquellos hechos y de este colectivo se han registrado 153 muertes en prisión. Muchas voces dentro del ejército y fuera consideran que estos juicios han sido una afrenta a las Fuerzas Armadas, pues los terroristas, pero especialmente los Montoneros -ala izquierda del peronismo-, nunca fueron juzgados ni respondieron por sus crímenes. Se calcula que entre 1972 y 1976 hubo más de mil asesinados por el terrorismo, principalmente policías y militares, y miles de damnificados y heridos por los atentados terroristas. Pero, según el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), el número de víctimas a manos de las organizaciones terroristas se elevaría hasta las 13.074 entre los años 1969 a 1979, según listado que asegura poseer dicha institución.
Luego están las otras víctimas, las que murieron durante la dictadura, que según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Buenos Aires alcanzarían a las 3585 personas, de acuerdo a una lista de desaparecidos publicada por esa entidad para el periodo que va desde el año 1976 al 1983, en que el país estuvo gobernado por los militares. Por el contrario, y abundando en la disparidad de las cifras, la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), creada tras la caída de la dictadura, en 1983, estimó en 7380 el número total de desaparecidos, aunque por esas mismas fechas la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación elevó esta cifra hasta los 8961 desaparecidos. Por el contrario, las Madres de la Plaza de Mayo y el Servicio Paz y Justicia consideran que entre 1976 y 1983 hubo un total de 30.000 desaparecidos, una cifra a todas luces demasiado alta y no sustentada en un listado fidedigno. Parece que la cifra más o menos objetiva, contando a desaparecidos y víctimas propiamente dichas, se situaría entre los 7.000 que efectuaron reclamaciones por sus familiares desaparecidos durante la era del presidente Carlos Menem y una lista más reciente de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación que situaba el total en algo menos de 10.000 víctimas, incluyendo desaparecidos.
Luego están los “desaparecidos” que resucitan, como el caso de Carmen Argibay, actual miembro de la Corte Suprema de la República que en su día estaba en la nómina oficial de los supuestamente torturados y después arrojados al mar, es decir, “desaparecidos” oficiales. Pero resucitó inesperadamente, como seguramente otros lo harán en el futuro. En cualquier caso, esas muertes constatadas durante el periodo militar, pese al dolor de sus familiares y amigos, fueron el precio pagado por la sociedad argentina para conjurar la amenaza terrorista y poner fin a esa aventura guerrillera que bebía de los mitos de la Sierra Maestra y de las supuesta “hazañas” militares del comandante Guevara. No sé si fue un precio alto o bajo, la historia pondrá a ese periodo en su sitio y esa es la labor de los historiadores, no de los periodistas.
Termino estas reflexiones sobre Videla con unas palabras del ya citado periodista Giussani, al referirse a la lucha contra los Montoneros que libró la sociedad argentina, que creo son oportunas: “La promoción de la revolución cubana como modelo universal tuvo que sujetarse entonces a la necesidad de preservar su imagen contra todas estas impurezas -iconográficamente irreproducibles- de la vida real. Y esta tarea de autopreservación mitológica, el modelo que se lanzó sobre el continente fue el de la violencia omnipotente, el de los “diez, cien, mil Vietnam”, el de una guerra mesiánica e imposible, en la que fueron asumidos como enemigos aquellos a quienes el casticismo de la Sierra había tenido a su lado como condescendientes aliados y proveedores de municiones(…). Millares, digo millares de jóvenes latinoamericanos fueron arrojados a la muerte durante los últimos veinte años al servicio de esta monumental distorsión, como un tributo pagado con sangre al narcisismo revolucionario de La Habana”.
