El régimen bolivariano de Venezuela ha ordenado a las empresas, tanto públicas como privadas, que pongan a disposición del Estado a sus empleados para trabajar en el campo durante un plazo inicial de 60 días, prorrogable por otros 60, con el fin de paliar la grave crisis humanitaria que sufre el país desde hace meses debido a la escasez generalizada de productos y alimentos básicos.

Según el decreto publicado la semana pasada, el Gobierno asumirá el pago del salario base, mientras que las empresas asumirán el coste de las cotizaciones sociales. El régimen exige que los empleados reclutados tengan las “condiciones físicas y técnicas” para ejercer las funciones requeridas.

Esta norma nace al amparo del decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica que aprobó el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, para tratar de afrontar la profunda crisis económica del país, pero que no ha servido ni servirá de nada, ya que parte de una diagnóstico erróneo, tal y como explica el economista Juan Ramón Rallo.