Difícilmente se puede “evitar la zozobra” de la población —excusa peregrina para la opacidad— cuando Venezuela se ha convertido en la última década en uno de los cinco países más violentos del mundo, con una tasa de homicidios que triplica la de naciones castigadas por el narcotráfico o el conflicto armado, como México o Colombia. Casi 70 personas fueron asesinadas cada día en 2013. A ello hay que sumar la epidemia de asaltos y secuestros cotidianos, alentados por la corrupción policial y la impunidad más escandalosa. Si, como se sospecha, el chavismo quiso ganarse la lealtad de las bandas para usarlas como fuerza de choque contra la “burguesía” —del mismo modo que ha venido armando a las “milicias bolivarianas”—, la estrategia le ha salido muy cara al país. Ayer mismo el presidente anunció la dimisión de todos sus ministros para “facilitar” la remodelación del Gabinete, aunque habrá que esperar para ver el alcance de los cambios.

El clamor desatado por la tragedia de Mónica Spear, en la que tantos venezolanos se han visto reflejados, ha provocado algo que parecía imposible: que Maduro intente consensuar con gobernadores y alcaldes de la oposición una estrategia de seguridad para los municipios más peligrosos. Muchos desearían que el inédito apretón de manos de ayer entre el presidente y el líder opositor, Henrique Capriles, gobernador de Miranda, sirviera para apaciguar el clima político, pero eso es poco probable.