La intervención del Gobierno en las tiendas de electrodomésticos este fin de semana como inicio de una política de control de precios en la cadena de comercialización, para algunos economistas tiene diferentes matices.
Ángel García Banchs, director de Econométrica, señala que es un proceso de implosión en el chavismo. “Diosdado Cabello lo pronosticó en un momento, al decir que el muro de contención ya no estaba. Lo que estamos viviendo es una confrontación interna del chavismo”.
Explicó que la distribución primaria entre salarios y beneficios no la puede determinar el Gobierno. “Esto lo que generará es escasez, un dólar paralelo más alto, e inflación y a final una situación de caos, lo cual será la excusa para venderle al país la libreta de racionamiento”.
Señaló que detrás de esta guerra económica que sí existe, es por el diferencial cambiario. “Vamos a recordar las empresas que han crecido en Venezuela por las mafias que se formaron en los últimos 10 años”.
Clasificó a los grupos en pugna como “mafiosos, narcogenerales, comunistas traidores a la patria y los institucionalistas”.
Ante la falta de dólares el Gobierno precipita una salida tratando de quitar el diferencial cambiario a las empresas que fueron privilegiadas, por ellos mismos, lo cual provocará una falta de bienes a nivel general, porque los comerciantes bajarán la santamaría. Para enero o febrero del año que viene el índice de escasez de se podría situar en 25%.
Con relación al Centro Nacional de Comercio Exterior que dirigirá las acciones de Cadivi y Sicad, dijo que es un intento de estatizar por completo las importaciones y la producción.
A juicio de Luis Oliveros, economista, estas medidas no son económicas, “son electoreras y conducen a un desastre, esto es querer ganar votos para el 8D y no solucionar los problemas”.
Para él hay muchas interrogantes con el caso de Daka. “Los dólares se lo liquidaba el mismo Gobierno y a estas alturas es que se dieron cuenta que los precios de los productos estaban muy elevados”. Opina igualmente que “esta situación generará escasez, inflación e intento de saqueos “.
MEDIDAS ROMPEN LA INACCIÓN GUBERNAMENTAL
Para el exministro de Industrias Básicas y Minería (2005-2006), Víctor Álvarez, el Ejecutivo busca la corrección de las distorsiones en el sistema de asignación de divisas. Señala que sobran razones para fortalecer la estructura institucional del Estado en esta materia y el comercio exterior, para enfrentar el “fraude grotesco” que algunas empresas de maletín venían haciendo impunemente.
El ahora profesor del Centro Internacional Miranda, explica que por un lado están los que les asignaron divisas subsidiadas y trajeron la mercancía comercializándola a precio del dólar paralelo. Por otra parte, los que se beneficiaron con Cadivi pero “dejaron la plata depositada afuera” y no importaron nada. “Ni tan calvo, ni con dos pelucas”, reflexiona Álvarez.
En cuanto al primer grupo, los cataloga de especuladores y señala que el Gobierno está obligado a ponerles unos límites de ganancia para lograr el “efecto de transferencia” de la divisa subsidiada a favor de los consumidores.
En relación al segundo, indica que ha sido la peor de las perversiones y que esto emplaza al Ejecutivo a importar directamente aquellos renglones con un peso significativo en el desembolso anual de dólares.
“Todos esperábamos que se tomaran acciones concretas. Más allá de los desórdenes en Valencia o en Caracas, creo que el país ve con buenos ojos que se deje la inacción y el Gobierno comience a actuar para que estas situaciones no se reediten”, apunta.
Álvarez recuerda las denuncias del ministro de Planificación, Jorge Giordani, según las cuales el año pasado se asignaron 22 mil millones de dólares que no tuvieron como contrapartida la importación de bienes.
Dice que esto obliga a tomar cartas en el asunto y a hacer una revisión, no sólo del marco legal y regulatorio de las operaciones en divisas, sino de todo el entorno institucional.
El exministro espera que las próximas acciones sean revelar al país cuáles fueron esas “empresas de maletín” que desfalcaron al Estado y sancionen a los involucrados.
