La sesión del martes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la capital brasileña, fue histórica. Ante los jueces del tribunal internacional,el Estado colombiano les pidió perdón a los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia. También, aceptó su responsabilidad, por omisión y acción, en las desapariciones de la guerrillera del M-19 Irma Franco Pineda y de Carlos Rodríguez Vera, el administrador de la cafetería en la época del holocausto, ocurrido el 6 y el 7 de noviembre de 1985.

“El Estado colombiano lamenta profundamente su dolor, su incertidumbre y sus circunstancias especiales. El Estado colombiano no cesará en la búsqueda de la verdad y la justicia en este caso”, dijo Adriana Guillén, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, durante la audiencia, que continúa hoy. Y agregó que “el Gobierno está empeñado en aprovechar esta oportunidad histórica de construcción de paz, aprendiendo de las lecciones del pasado”.

Como lo adelantó EL TIEMPO, Colombia también ratificó su aceptación de culpa parcial en las torturas contra Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospina, José Vicente Rubiano Galvis y Orlando Quijano. Ellos narraron a la Comisión de la Verdad su maltrato a manos de militares.

Después, Guillén señaló que Colombia también reconoce las acciones contra los dos desaparecidos: “El Estado reconoce su responsabilidad internacional, por acción, por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal en relación con lo ocurrido a la señora Irma Franco Pineda y al señor Carlos Augusto Rodríguez”.

Se trata de las mismas víctimas por las que el Tribunal Superior de Bogotá confirmó, en enero del 2012, la condena de 30 años contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, quien desde el 2007 está preso por la retoma del Palacio. En el caso de los otros nueve desaparecidos, por los que el Estado también es procesado, Colombia indicó que aceptaba su responsabilidad por omisión, al considerar que estaban “en el interior del Palacio de Justicia para el momento del asalto, y desde entonces no se ha tenido noticia de su paradero”.

Sobre la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán, Guillén indicó que la responsabilidad radica en el hecho de que, 28 años después, el Estado “no ha podido determinar las circunstancias en las cuales se produjo su muerte”. Por la muerte del jurista, tres generales de la época están siendo investigados: Carlos Alberto Fracica, Rafael Hernández y Jesús Armando Arias Cabrales.

Durante la sesión de ayer martes, los jueces escucharon la versión de familiares de víctimas y de la exfiscal del caso Ángela María Buitrago. Este miércoles, el turno será para el Estado colombiano.

REDACCIÓN JUSTICIA